La victoria incontestable del Partido Popular en las elecciones autonómicas de Castilla y León ha tenido un mayor impacto en votos que en escaños. Las particularidades territoriales de esta comunidad, dividida en nueve circunscripciones, han hecho que populares y socialistas hayan incrementado su representación en dos procuradores cada uno, pese a que los primeros han sumado 55.000 votos más y los segundos apenas 14.000.
Es el mismo premio para quien ha aumentado su porcentaje de voto en cuatro puntos y para el que lo ha hecho en seis décimas, una situación que se explica por una ley electoral que encarece la obtención de escaños, especialmente en provincias de menor representación como Soria, Ávila, Segovia o Zamora.
El análisis de los resultados del 15 de marzo revela cómo el Partido Popular, con candidaturas encabezadas por Alfonso Fernández Mañueco, ha alcanzado los 438.096 votos frente a los 378.896 de hace cuatro años, pasando del 31,43% al 35,47%. Sin embargo, ese crecimiento solo se ha traducido en dos escaños más.
Los populares se han impuesto en siete de las nueve circunscripciones, han ganado en once de las veinte localidades más pobladas y han arrebatado un procurador al PSOE en Burgos y otro a Ciudadanos en Valladolid. Parte del electorado que en 2019 apoyó a la formación naranja ha regresado al PP tras la pérdida de credibilidad de su entonces líder, Francisco Igea.
El Partido Socialista, por su parte, ha celebrado el resultado más por su simbolismo que por su impacto real. Ha pasado de 362.304 votos y 28 procuradores a 379.757 votos y 30 escaños. Carlos Martínez, alcalde de Soria, ha sido clave al recuperar un representante en su provincia, ganar otro en Valladolid y obtener el escaño adicional en Segovia, aunque ha perdido uno en Burgos frente al PP.
El resultado ha sido interpretado como un alivio interno tras los malos resultados en Extremadura y Aragón. A diferencia de otras campañas, el PSOE en Castilla y León ha apostado por un perfil menos alineado con la dirección federal, con un candidato que ha centrado su discurso en los problemas territoriales y ha mantenido una posición crítica con algunas políticas estatales, como la financiación autonómica.
Vox, liderado en la comunidad por Carlos Pollán bajo la dirección de Santiago Abascal, ha sumado 20.000 votos más y ha ganado un escaño, aunque el resultado se considera decepcionante al quedarse en un 18,92%, lejos del 20% que manejaban en sus previsiones.
Las diferencias en el coste electoral de cada escaño se explican por la Ley 3/1987, Electoral de Castilla y León, que fija un umbral mínimo del 3% de los votos en cada circunscripción. En la práctica, este sistema penaliza a las formaciones en provincias pequeñas, donde conseguir los primeros procuradores resulta más costoso, favoreciendo el bipartidismo y generando desequilibrios en la traducción de votos a escaños.
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