Tras la movilización contra la reforma laboral, el Gobierno presentó una denuncia por “terrorismo” contra manifestantes, en un nuevo intento de judicializar la protesta social y endurecer la respuesta estatal frente al conflicto.
Primero represión, luego denuncias
El Gobierno nacional presentó ante la Justicia Federal una denuncia penal por terrorismo contra manifestantes que participaron de la movilización contra la reforma laboral frente al Congreso, en un escalamiento de su estrategia represiva frente al conflicto social. La acusación busca que los hechos violentos de la protesta sean investigados bajo la Ley Antiterrorista (N.º 26.734), con penas más severas y mecanismos de detención agravados.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que durante la protesta se observó una acción “organizada” destinada a “desestabilizar el orden institucional” y que habrían sido utilizados elementos como bombas molotov, bidones de nafta y artefactos improvisados, justificando así la calificación de terrorismo.
Esta denuncia representa un intento de criminalizar la protesta y silenciar el rechazo popular a una reforma laboral percibida como precarizadora y regresiva. La ampliación de la acusación —que además incluye delitos como atentado al orden constitucional y resistencia a la autoridad— se da en un contexto de fuerte represión policial y detenciones durante la marcha.
La campaña de estigmatización se apoya en la identificación pública de algunos detenidos por parte del Ministerio de Seguridad, que difundió nombres y acusaciones, en un marco donde siempre actúan sectores infiltrados por el propio gobierno. Esta maniobra busca desviar la atención de las responsabilidades estatales en los enfrentamientos y deslegitimar el derecho a manifestarse.
La movilización contra la reforma laboral se inscribió en un ciclo más amplio de protesta social, donde sectores obreros y estudiantiles han denunciado iniciativas del Gobierno que consideran un ataque a conquistas y derechos fundamentales. La denuncia por terrorismo —con consecuencias procesales más duras— supone un precedente peligroso para futuras protestas, especialmente cuando las fuerzas de seguridad han actuado con hidrantazos, gases y balas de goma en contextos de reclamo.
La violencia de Estado no puede equipararse con la legítima protesta social, y que la utilización del aparato judicial para perseguir manifestantes responde más a una voluntad política de disciplinar al movimiento social que a un interés genuino por la seguridad ciudadana. La respuesta al conflicto social, debería pasar por debate político, políticas sociales y atención a las demandas populares, no por la represión y la judicialización de la disidencia.