La reforma laboral que quiere meter el Gobierno de Milei con la complicidad de los gobernadores es una aplanadora contra la clase trabajadora. El texto nació en los estudios jurídicos de las grandes patronales y tiene el apoyo del FMI y el gran capital financiero internacional. El objetivo es esclavizar aún más a millones de asalariados y asalariadas, facilitando despedir, precarizar a fondo, imponer convenios por empresa, atar el salario a una mayor explotación, recortar indemnizaciones y atacar el derecho a la organización sindical.
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Buscando alcanzar este objetivo, Bullrich lidera negociaciones con senadores y gobernadores de los llamados “dialoguistas”. Es decir, sus cómplices. Algunos de ellos están dentro del peronismo. El objetivo del oficialismo es juntar los votos y sacar la media sanción en el Senado.
Este lunes tuvo lugar una extensa reunión para intentar avanzar en ese objetivo. Además de la ex ministra de Seguridad, estuvieron presentes senadores y senadoras de esos bloques cómplices. Entre ellos el radical Eduardo Vischi y peronistas oficialistas como Carlos Camau Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Beatriz Ávila (Independencia), entre otros.
Aquí el “debate” se reduce a un solo punto. Los fondos que las provincias dejarían de recibir por la eliminación del Impuesto a las Ganancias a empresas. Este impuesto es coparticipable, por lo que los distritos provinciales dejarían de recibir una cifra que, según estimaciones, alcanzaría los $3 billones. En el marco de esas negociaciones, según lo que dejaron trascender distintas fuentes, quedaría de lado el artículo 212 del actual proyecto, que daba al ministro de Economía la potestad de fijar arbitrariamente los beneficios fiscales, que también impactan sobre las provincias.
Frente a este enorme ataque contra el conjunto de la clase trabajadora, la respuesta de la CGT ha sido la moderación. Apuesta, como los gobernadores, a lograr una negociación. Para ese objetivo convocó a marcha este miércoles 11, pero lo hizo sin llamar a paro nacional. Es decir, limitando la posibilidad de que quienes trabajan puedan participar de la movilización. Si bien hay sindicatos que llaman a parar y movilizarán, el llamado a un paro general activo, como parte de un plan de lucha, es lo que hubiera potenciado la pelea.
El sindicalismo combativo y la izquierda vienen planteando desde hace meses la necesidad de un paro activo nacional que garantizara una movilización masiva capaz de rodear el Congreso e impedir el avance de esta reforma. Este miércoles convocan a movilizarse desde las 12h y participarán con una columna independiente de la concentración llamada para la CGT. Pero, además, propondrán un acto con micrófono abierto a las 18h, para que la bronca de quienes salen de laburar también esté presente en el reclamo.