La sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT), ubicada en la calle Azopardo, será este viernes desde las 11:00 el escenario de una definición clave que podría marcar el pulso político y sindical de las próximas semanas.
El Consejo Directivo de la central obrera fue convocado de urgencia ante el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación. En ese marco, la conducción sindical deberá resolver si profundiza el plan de lucha mediante la convocatoria a un paro nacional o si opta por una movilización masiva el día en que el proyecto sea debatido en el recinto.
El debate interno expone una marcada división estratégica dentro de la CGT. Por un lado, el sector denominado “dialoguista”, integrado por los “Gordos” e “Independientes”, priorizó en las últimas semanas la negociación política. Este espacio, representado por Héctor Daer, secretario general de la CGT y titular de Sanidad, y Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales y líder de la UOCRA, apostó al diálogo con gobernadores y senadores para introducir modificaciones técnicas que atenúen el impacto de la reforma sobre los derechos colectivos de los trabajadores.
En contraposición, el ala más combativa, encabezada por Pablo Moyano, secretario general y referente del gremio de Camioneros, junto a los sindicatos del transporte y las dos vertientes de la CTA, reclama un cese de actividades inmediato. Para estos sectores, la vía parlamentaria resulta insuficiente frente a lo que consideran un avance directo e irreversible sobre conquistas históricas del movimiento obrero.
La posibilidad de un paro general durante el debate legislativo no constituye una novedad en la historia sindical argentina. Se trata de una herramienta de presión utilizada en momentos de alta conflictividad institucional. Entre los antecedentes más recordados figura el conflicto del año 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando la denominada “Ley Banelco” fue impulsada en medio de un escándalo de presuntos sobornos en el Senado y derivó en huelgas generales que erosionaron la legitimidad del Ejecutivo.
Otro antecedente relevante se registró en diciembre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el intento de avanzar con una reforma laboral, tras la aprobación de la reforma previsional, generó fuertes protestas frente al Congreso y paros nacionales que obligaron al Gobierno a retirar el proyecto de la agenda parlamentaria.
Más recientemente, en enero de 2024, la CGT convocó a un paro nacional a solo 45 días de la asunción del nuevo gobierno, marcando un récord histórico por la rapidez de una medida de fuerza contra una gestión recién iniciada.
La definición que adopte este viernes el Consejo Directivo dependerá, en gran medida, del análisis sobre el posicionamiento de los bloques provinciales en la Cámara Alta. Pese a las gestiones realizadas, el respaldo de los gobernadores peronistas no aparece como unánime, lo que alimenta la incertidumbre sobre el margen real de negociación.
Si la CGT opta por avanzar con un paro total, el conflicto sindical volverá a ocupar el centro de la escena política, no solo como una disputa gremial, sino como un factor de peso en el equilibrio de poder nacional frente a las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo.