Buenos Aires. El Gobierno nacional dispuso la cesantía de once trabajadores del Hospital Garrahan -10 de ellos dirigentes sindicales- que participaron en la toma de oficinas de la Dirección Médica, ocurrida el 31 de octubre de 2025, durante un conflicto gremial vinculado a descuentos salariales por medidas de fuerza. La decisión se adoptó tras la finalización de los sumarios administrativos iniciados por el episodio y fue comunicada oficialmente por la institución.
Fuentes oficiales informaron que el conflicto se inició cuando las autoridades notificaron que no se abonarían los días no trabajados por paros. Ese mismo día, delegados sindicales de organizaciones gremiales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica e interrumpieron el funcionamiento institucional de esa área.
Según la reconstrucción administrativa del hospital, la toma implicó la ocupación de un sector clave de la conducción médica, la interrupción de tareas administrativas, la permanencia forzada del personal presente y episodios de agresiones verbales, además de la negativa a acatar las órdenes del personal de seguridad para abandonar las oficinas.
Las autoridades del Garrahan abrieron 44 sumarios administrativos para determinar responsabilidades individuales. La investigación, que se extendió durante varios meses, incluyó la recopilación de testimonios, registros internos y material audiovisual.
El Consejo de Administración resolvió aplicar sanciones diferenciadas. En la mayoría de los casos se impusieron sanciones menores, acordes a la gravedad de las conductas evaluadas. Sin embargo, en once situaciones se decidió la cesantía por considerar acreditado que esas personas no solo participaron, sino que tuvieron un rol activo en la organización y conducción de la toma.
La lista de trabajadores afectados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin representación sindical. Entre los delegados figuran dirigentes de ATE y APyT, dos organizaciones con presencia en el hospital.
Las personas alcanzadas por la medida son Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.
Según la información oficial, diez de los once cesanteados cuentan con tutela gremial, una protección prevista por la legislación laboral que impide la ejecución inmediata de sanciones de este tipo sin autorización judicial. La desvinculación en estos casos quedará supeditada a una resolución de la Justicia sobre el levantamiento de la tutela.
La única trabajadora sin tutela sindical podrá ser desvinculada en forma inmediata una vez concluido el proceso administrativo, indicaron fuentes del hospital.