El Gobierno aprobó un acuerdo de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 400 millones para financiar un proyecto que apuntará a hacer más eficiente el gasto en subsidios a la energía.
Se trata del “Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético”, según detalló el Poder Ejecutivo el Decreto 23/2026 publicado en el Boletín Oficial este lunes.
La medida aprobó el modelo de Contrato de Préstamo CAF a suscribirse entre el país y el organismo multilateral, con el objetivo de cooperar en la ejecución del programa orientado a fortalecer la sostenibilidad del sector energético.
El programa definió como objetivo general el fortalecimiento de la sostenibilidad del sector energético mediante mejoras en la focalización de los subsidios para la protección de los hogares vulnerables y la promoción de la eficiencia energética.
Para su desarrollo, el esquema se estructuró en cuatro componentes: fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energía; mejoras en la focalización de los subsidios energéticos; promoción del uso y consumo eficientes de los recursos energéticos; y otros gastos.
En un anexo con el modelo de contrato firmado con la CAF, se describió al proyecto de financiamiento como una operación de apoyo presupuestario sectorial, orientada a acompañar políticas públicas del sector energético y no a financiar obras puntuales. El préstamo se vinculó al cumplimiento de un marco de políticas y acciones definidas por el Gobierno nacional en materia de energía, con foco en sostenibilidad fiscal, eficiencia y equidad distributiva.
El Anexo Técnico detalló que el programa apuntó a mejorar el diseño y la implementación de los subsidios energéticos, mediante instrumentos de focalización que priorizaron a los hogares vulnerables y redujeron transferencias generalizadas.
También incluyó acciones destinadas a fortalecer los sistemas de información, los mecanismos de identificación de beneficiarios y la coordinación institucional entre los organismos con competencia en energía y política social .
En materia institucional, el proyecto contempla medidas para reforzar el marco regulatorio y las capacidades de gestión del sector energético, incluyendo asistencia técnica, actualización de normas y mejora de procesos administrativos. El documento mencionó además iniciativas de promoción de la eficiencia energética, tanto del lado de la demanda como de la gestión pública, orientadas a un uso más racional de los recursos energéticos.
SN
