Con gafas de sol, gorra trumpista y posado de estrella de rock, Elon Musk estaba tan exultante que no podía esconderlo. En el centro del escenario de la CPAC, la gran cumbre conservadora de Estados Unidos, estaban él y la motosierra «contra la burocracia» que el presidente de Argentina, Javier Milei, le acababa de entregar con el gesto de reverencia de un fan. La brutal imagen no solo robó cierto protagonismo a Donald Trump, también ilustró un propósito descorazonador para la administración pública: el hombre más rico de la historia estaba al mando del desmembramiento del Gobierno de la primera potencia mundial.
El 20 de enero de 2025, hace hoy un año, Trump firmó una orden ejecutiva para crear el mal llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), una iniciativa impulsada por Musk y el candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy con el objetivo de «modernizar la tecnología y el software federales para maximizar la eficiencia y la productividad gubernamentales». Se trataba de un eufemismo para promover recortes en contratos multimillonarios, la cancelación de programas con miles de subvenciones y el despido de decenas de miles de empleados públicos. La destrucción del Estado administrativo.
Musk y su equipo —en el que figuraban ingenieros de entre 19 y 24 años de edad, algunos con un historial dudoso— utilizaron una unidad transversal a todas las ramas del Ejecutivo para penetrar en la administración y tener acceso directo a sistemas informáticos del Gobierno estadounidense tan sensibles como los de ciberseguridad o el código que controla las declaraciones de impuestos. Esta maniobra se activó en silencio cuando Joe Biden aún era presidente. De forma potencialmente ilegal, DOGE se hizo con el control de datos sobre personal, contratos y ordenadores públicos para poner en marcha una transformación radical de la burocracia en EEUU que está consolidando la concentración de poder en el poder ejecutivo.
Mentiras y falta de transparencia
Musk prometió que reduciría el gasto federal en un billón de dólares antes de octubre. Como ya es habitual, sus promesas fueron humo. No solo no logró alcanzar esa cifra, a todas luces desmesurada, sino que el gasto ha aumentado. Aunque el grupo asegura haber ejecutado más de 29.000 recortes del Gobierno federal, un análisis de The New York Times ha destapado que hasta 28 de las 40 mayores cancelaciones de contratos y subvenciones anunciadas son incorrectas.
Musk también prometió que DOGE sería «la organización gubernamental más transparente de la historia» e hizo gala de que la tecnología le permitiría recortar con precisión. Sin embargo, la realidad ha vuelto a contradecirle. El Tribunal Supremo —de mayoría republicana— ha bloqueado las órdenes judiciales que exigían publicar sus operaciones. Ese amparo ha permitido al grupo maniobrar con opacidad para mezclar algunos recortes reales con datos falsos —mucho más comunes y exagerados en cuantía—, una falta de progreso en su misión que, según The New York Times, se ha visto «oscurecida por errores, omisiones y una contabilidad indescifrable que pocas empresas privadas aceptarían».
Impacto real más allá de EEUU
A día de hoy, el impacto real de DOGE sigue siendo un misterio. El grupo habría eliminado unos 300.000 empleos públicos en 2025. Esa purga se vehiculó despidiendo a los trabajadores en período de prueba, expulsando a aquellos que se negasen a detallar su actividad o mediante un paquete de incentivos para la renuncia voluntaria que aparentemente se ofreció a unas 75.000 personas. A cientos de ellos se les ha ofrecido la reincorporación. Musk ha valorado el proyecto como «un poco exitoso».
Sin embargo, que no haya cumplido con esos objetivos no significa que las acciones de Musk no estén alterando las instituciones y, con ellas, la democracia en EEUU. Como advierten investigaciones de Reuters y Wired, DOGE ha utilizado programas de IA para espiar a los funcionarios críticos con Trump y ha impulsado la creación de una base de datos maestra para rastrear y perseguir a la población migrante. Más allá de EEUU, el cierre de USAID, la agencia estadounidense de ayuda humanitaria asediada por DOGE, podría habserse traducido en cientos de miles de muertos en todo el mundo, según un recuento.
Cuando Musk abandonó la agencia a finales de mayo poco antes de un explosivo divorcio con Trump —Ramaswamy ni llegó a participar en su actividad debido a rifirrafes internos—, esta siguió operando aún más en las sombras. Aunque su contrato es hasta el próximo 24 de julio, la Administración Trump insiste actualmente en que DOGE «no existe». Su página web no ha sido actualizada desde el pasado 4 de octubre. Y es que los recortes parecen haberse acabado. Sin embargo, fuentes gubernamentales advierten que DOGE se ha trasformado y que sus miembros siguen dentro del Gobierno «como garrapatas». Sus prácticas de tierra quemada son ya la norma en la Casa Blanca.
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