Decía Montesquieu que no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Pocas citas envejecen tan bien cuando los tribunales dejan de ser un espacio de silencio y rigor para convertirse en un plató con toga.
Un año después de la dana de Valencia, la instrucción abierta en un juzgado de Catarroja ha entrado en una fase que despierta más perplejidad que sosiego. No por lo que investiga –eso es legítimo–sino por la forma en que lo hace y, sobre todo, por lo que parece no querer mirar. Porque en Derecho, importan los hechos que se persiguen y los que se dejan fuera de plano.
La instrucción penal tiene como fin reconstruir hechos y delimitar responsabilidades con base en datos objetivos; no constituye un escenario para validar hipótesis políticas ni para fabricar culpables. Sin embargo, la comparecencia telemática del presidente del Partido Popular, en una causa en la que no tenía competencias ejecutivas sobre la gestión del desastre, dejó una estampa difícil de explicar.
Cinco horas de declaración. Cuatro preguntas de la jueza. Ninguna del fiscal. Y una sucesión de interrogantes de las acusaciones, algunas sobre asuntos ajenos a la dana. El resultado fue un espectáculo más cercano a la «pena de telediario» que a una diligencia de investigación: un juicio sin juicio, un proceso oral anticipado sin acusación formal.
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Algo falla cuando un testigo, además aforado, es llamado a declarar como si fuera un imputado. Podía haberse negado; la ley se lo permite. No lo hizo. Optó por un gesto poco frecuente de transparencia: compareció, no borró mensajes y no se parapetó tras su condición de aforado. En un país habituado al borrado preventivo, ese detalle no es menor.
Algo falla cuando, a partir de una investigación selectiva, se permite a las acusaciones –algunas vinculadas a formaciones políticas– poner el foco en personas sin relación directa con el núcleo del asunto sub iudice. Y algo falla cuando el fiscal no deja constancia, ni en acta ni en recurso, de interrogatorios que exceden el objeto del procedimiento.
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Mientras tanto, las ausencias pesan más que las presencias. Para esclarecer responsabilidades derivadas de una catástrofe de esa magnitud resulta inevitable preguntarse por qué no se cita a quienes tenían atribuciones en materia de emergencias, infraestructuras o gestión hidráulica. En los grandes desastres, la responsabilidad no es un concepto metafórico: es una cadena administrativa concreta.
En Derecho, tan relevante como lo que se investiga es lo que se excluye. Cuando la selección de líneas de investigación se vuelve sistemática, la confianza se resiente. Y cuando a eso se suma la conversión del procedimiento en un acontecimiento mediático permanente –filtraciones, imágenes reiteradas, mensajes convertidos en munición de tertulia–, la justicia pierde su gravedad específica: ya no pesa la ley, pesa el foco.
El ciudadano asiste entonces a una combinación muy nuestra: desconfianza y escepticismo. No se trata de negar que la Justicia, cuando trabaja bien, esté sacando a la luz corruptelas y abusos del poder. Se trata de advertir que cuando un proceso se vuelve desigual o teatral, incluso una investigación legítima empieza a parecer un relato. Y cuando la justicia parece un relato, la verdad queda siempre en segundo plano.
Conviene añadir un dato que a menudo se pasa por alto: la Audiencia Provincial ha confirmado la inmensa mayoría de las resoluciones recurridas, en una macro causa con decenas de acusaciones y una instructora liberada por el CGPJ; incluso su presidente ha recordado que las críticas son lícitas, aunque algunas parecen buscar más el impacto que el análisis.
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El CGPJ, órgano rector de la judicatura, carece de atribuciones para supervisar directamente la instrucción del proceso, que se rige por los principios de imparcialidad, proporcionalidad y tutela judicial efectiva. Las cuestiones jurisdiccionales, incluidas posibles desviaciones, deben resolverse por los cauces de recurso previstos por la ley.
La democracia se defiende mejor cuando no confundimos crítica con demolición. Pero también cuando no aceptamos que los procesos penales se conviertan en armas narrativas.
Porque, en última instancia, lo decisivo no es solo quién comparece, sino por qué y para qué. Y cuando esas preguntas dejan de tener una respuesta clara, lo que está en juego ya no es un sumario, sino la credibilidad de las instituciones que lo firman.
El desdichado almuerzo no incidió en el riesgo que originó el desastre. Pero cuando la tragedia coincide con un mandato político, la tragedia es también para quien gobierna: por eso su consecuencia debe ser política, inmediata: cese o dimisión.