Felipe R.P.N. iba a ser juzgado en México por cuatro agresiones sexuales a su sobrino, Salvador Cacho, cuando este era niño. Pero el 1 de junio de 2024, antes de que se celebrara el juicio, huyó a España, donde dos meses después la Policía Nacional lo localizó y detuvo en Madrid. Desde entonces, el presunto pederasta, de 45 años y que tiene nacionalidad mexicana y española, vive tranquilo y en libertad en nuestro país, después de que la Audiencia Nacional rechazara extraditarlo, con el argumento de que con la ley española sus delitos estarían prescritos.
En su fuga, Felipe R.P.N. contó con la ayuda de al menos tres miembros de su familia, según ha denunciado ante un tribunal mexicano la víctima, que ahora tiene 37 años. Ante la imposibilidad de juzgar a su agresor, Salvador Cacho ha presentado una demanda civil contra él en México para reclamarle una «disculpa pública» y una indemnización, una «reparación del daño» por «las agresiones sexuales a las que me sometió y que una jueza ya ha considerado acreditadas».
Pero además, Cacho también ha demandado al padre y a dos hermanas de su supuesto agresor sexual por «facilitar material y logíticamente la evasión del principal responsable». Los acusa de «protegerlo y financiarlo» cuando ya estaba perseguido por la justicia.
Si Salvador gana este juicio, «para evitar que se malinterprete su objetivo», ha predonado la cantidad económica que reciba de los acusados a una fundación destinada a ayudar a víctimas de violencia sexual infantil de México.
La víctima, con una camiseta con la imagen de su presunto agresor. / CEDIDA POR EL DENUNCIANTE
Su hermana lo acogió
El hombre acompaña su demanda con varias pruebas documentales que acreditan que una de las hermanas de Felipe R.P.N., que vive en España desde hace años, le pidió que viajara a nuestro país el año pasado con el pretexto de que necesitaba ayuda con sus hijos, menores de edad. Según la demanda de la víctima, la mujer lo hizo a sabiendas de que su hermano afrontaba un proceso judicial y poco después de que la jueza que lo investigaba en México concluyera que había pruebas suficientes para enviarlo a juicio por violar a su sobrino desde que este tenía 6 años y hasta que cumplió los 14.
La víctima también afirma en su demanda, que, mientras la justicia mexicana e Interpol buscaban al fugitivo, «su hermana lo hospedó en su domicilio, en España, lo que evidencia la existencia de una relación de colaboración o encubrimiento por parte de esta». De hecho, cuando Felipe R.P.N. fue arrestado en Madrid el 26 de agosto de 2024, «iba acompañado de su hermana y de los hijos de esta», añade.
«Sus complices, su padres y sus hermanas, han sido sus compinches para lograr que un pederasta esté libre por el mundo, muy probablemente abusando de más y más niños y niñas. Es inaudito cómo es posible que sus propias hermanas, siendo madres, no han podido ver más allá de sus narices y han encubierto a alguien acusado de trasgredir lo más puro que tiene un niño, su infancia, su inocencia y su dignidad, y lo han ayudado y cobijado para poder permanecer en libertad», denuncia Salvador en su escrito al juez.
Ocultamiento de bienes
El titular del juzgado vigésimo quinto de lo civil de la Ciudad de México ha admitido su demanda y, aunque todavía no se ha fijado la cantidad con la que Felipe R.P.N y sus familiares tendrían que indemnizar a Salvador en caso de ser condenados, el juez ha ordenado embargar sus cuentas bancarias para «impedir el ocultamiento o dilapidación de bienes» y «asegurar el cumplimiento de la sentencia que se llegue a dictar».
El magistrado ha decidido «retener a Felipe R.P.N., su padre y sus dos hermanas, una parte del dinero de sus cuentas de depósito, inversiones, servicios de fideicomiso, operaciones y servicios de cualquier naturaleza». También, varias propiedades de las que la familia es titular en México. El juez también ha dictado una orden para impedir que el padre Felipe salga del país.
La víctima, cuando era niño, en una imagen familiar junto a su agresor. / CEDIDA POR EL DENUNCIANTE
Decisión pionera
El juez concluye en su resolución que la hermana de Felipe R.P.N., una de las codemandadas, «tiene su domicilio actual en España», por lo que «se acredita que existe un temor fundado a que los codemandados que residen en el país se ausenten u oculten«. Además, recuerda el magistrado, «no fue posible extraditar a uno de los codemandados para seguir el proceso legal por delitos sexuales en territorio mexicano», por lo que «se considera que existen indicios suficientes para presumir el temor de que pueda darse ocultamiento o enajenación de los bienes cuyo aseguramiento cautelar se solicita».
La decisión judicial es pionera en México, explica la víctima, porque sienta un precedente para que otras víctimas lleven a cabo acciones judiciales contra la familia de su agresor cuando esta decide protegerle o encubrirle. Salvador la celebra: «Denuncié a Felipe con la esperanza de obtener justicia, desafortunadamente, el estado mexicano me falló, algunos de aquellos que se decían mi familia me traicionaron y ayudaron a un pederasta a huir de México para encubrirlo. Y finalmente el retrógrado Estado español apeló a la prescripción para no conceder su extradición y que mi agresor pudiera regresar a enfrentar la justicia. He tenido que buscar un poco de justicia por otro camino, merezco una reparación del daño por los actos cometidos por mi agresor y sus cómplices».
«Es muy importante para mí el reconocimiento de los hechos y que México me confiera el estatus de víctima que me corresponde, no quiero ser nada más que un denunciante», añade Salvador. El hombre ha encabezado un movimiento público para recordar que las víctimas de violencia sexual «hablan cuando pueden» y criticar que «las leyes y el Estado marquen un tiempo para que un sobreviviente alce la voz».