Luego de que el fiscal Ricardo Mazzuchi ordenara la detención de dos policías por la muerte de Samuel Tobares, el joven de 34 años fallecido tras un procedimiento policial en Villa Parque Síquiman, el abogado de la familia solicitó que se agraven los cargos a los imputados.
Según precisó el abogado Carlos Nayi, quien asumió la representación de la familia de Samuel, los detenidos son un oficial y un sargento, ambos con más de diez años de antigüedad. Ambos fueron imputados por homicidio preterintencional, un delito que prevé una pena máxima de hasta 6 años de prisión.
El pedido de la familia
Para Nayi, la brutalidad reflejada en las primeras evidencias del caso muestra “una particular manera de matar”, motivo por el cual reclamó que la imputación se modifique a “homicidio calificado, agravado por el hecho precedente y por la calidad funcional de los uniformados”.
El cambio implicaría una pena muy diferente: “Para este caso, la pena es prisión perpetua. Ese es el pedido de la familia”, puntualizó el abogado en diálogo con Carlos Paz Vivo.
Una fuerza civil, no un grupo de choque
El letrado remarcó que el eje del planteo radica en el rol institucional de la Policía: “La Policía es una fuerza civil armada y no un grupo militarizado de choque. Su función esencial es prevenir; reprimir solo en casos excepcionales”.
Destacó además que Tobares estaba desarmado, y que incluso en situaciones tensas o con un ciudadano alterado emocionalmente, los protocolos para la fuerza policial son claros: “La Policía tiene un protocolo. Jamás debe golpear. Debe reducir adecuadamente, contener y llamar a profesionales”.
Aunque el expediente continúa bajo secreto de sumario, trascendieron los primeros datos de la autopsia que muestra golpes en el cuerpo del joven. De allí que el fiscal aplicó la figura del homicidio preterintencional que presupone la existencia de agresiones físicas.
Ahora se está a la espera de un informe anatomopatológico ampliado, que estará listo en 15 días, y que podría aportar nuevos elementos para sostener el pedido de cambio de calificación que impulsa Nayi.
Derivaciones del caso
Para la querella, la responsabilidad en la muerte del joven no se agotaría en los dos efectivos ya detenidos. El abogado de la familia anticipó que otros policías que llegaron después al operativo podrían haber incurrido en omisiones graves.
“Si verificaron que había una persona sometida de manera desproporcionada y no hicieron lo que corresponde, deberán responder también. No tienen un derecho: tienen la obligación de actuar”, explicó.
Agregó que, según la dinámica de los hechos, podrían surgir imputaciones por participación, instigación o encubrimiento: “No descartamos nuevas detenciones”, dijo.
Foto: El Doce