Al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le bastó un par de preguntas de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, para negar los hechos por los que se sienta en el banquillo de los acusados y se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel. «No he hecho llegar el correo de 2 de febrero a personas ajenas a la fiscalía«, aseguró de forma tajante, tras dirigirse al tribunal para explicar por qué no respondía a ninguna de las acusaciones personadas, entre ellas, la que ejerce el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Más información