Mientras los habitantes de los complejo Alemao y Penha, al norte de la ciudad Río de Janeiro, bajaban de la Serra da Misericordia los cadáveres tras un operativo policial que dejó al momento al menos 132 muertos, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, declaró que estaba «profundamente preocupado» por el número de víctimas. El suceso carioca ha escaló a la agenda de debate de todo el mundo.
Sobre el despliegue oficial en los complejos de Alemao y Penha, la cónsul general de Brasil en la ciudad de Córdoba, Sonia Guimarães, entiende que estas intervenciones «muchas veces no son la solución».
Al respecto, la funcionaria recordó que en agosto último, tras una operación de inteligencia, se logró desmantelar en la ciudad de Sao Paulo una importante estructura narco, en este caso más vinculada al trabajo contable de la organización, «sin tirar un tiro».
La operación masiva dejó más de 130 muertos y pasó a la historia como la más mortífera jamás registrada en el estado de Río de Janeiro. Hay sectores que denuncian violación de derechos humanos: el despliegue de la Policía Militar de Río de Janeiro sigue rodeado de dudas y contradicciones.
Mientras que el gobierno estatal y las fuerzas de seguridad defienden la acción como «legal y necesaria» para desmantelar el liderazgo del Comando Vermelho, expertos y organizaciones de derechos humanos exigen transparencia.
Según la policía, el narcotraficante Doca, uno de los principales objetivos de la operación, ya se encontraba escondido fuera del perímetro de alance del operativo .
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