La Justicia y el Servicio Penitenciario de Córdoba desarticularon una red que utilizaba certificados médicos falsos para eludir los controles en el Complejo Carcelario Bouwer y posibilitar el ingreso de objetos prohibidos durante las visitas. La investigación, impulsada por la Unidad Judicial de Delitos Económicos tras una denuncia del propio Servicio Penitenciario, culminó con la detención de dos personas y el secuestro de elementos vinculados a la maniobra.
Según informaron fuentes oficiales, la estrategia delictiva consistía en presentar certificados médicos que simulaban embarazos o enfermedades oncológicas, a simple vista, justificaban la negativa a someterse al body scanner o a un registro corporal. Con esas constancias apócrifas, familiares y allegadas de internos conseguían evitar los escáneres y, en algunos casos, ocultar teléfonos, chips, drogas, dinero o documentación falsificada dentro de prendas o prótesis improvisadas.
Foto: Policía de Córdoba.
El operativo judicial incluyó 120 allanamientos realizados en distintas localidades de la provincia, de los cuales 57 fueron dentro del propio Complejo Carcelario de Bouwer y del Establecimiento Penitenciario N.º 9 (ex UCA).
En los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación apócrifa que, según la pesquisa, servía tanto para facilitar la entrada al penal como para tramitar certificados y recetas falsas. Además de los dos detenidos, la causa sigue su curso mientras los investigadores evalúan posibles vinculaciones con personal penitenciario o responsables de emitir la documentación médica fraudulenta.
Foto: Policía de Córdoba.
La causa, por el momento, se encuadra en delitos vinculados al fraude y a la falsificación de documentos, y podría ampliarse con imputaciones por suministro de elementos prohibidos al interior del penal, según indicaron fuentes judiciales. La Unidad Judicial de Delitos Económicos continúa con medidas probatorias y peritajes sobre la documentación secuestrada para determinar la red de actores involucrados y el origen de los certificados falsos.
Durante los procedimientos, se incautaron dispositivos electrónicos, CPU, 2 millones de pesos, documentación apócrifa, formularios médicos, recetarios y sellos profesionales.
Interviene en la causa la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11, a cargo del Dr. José Mana.