Resulta penosa y repudiable la violencia ejercida desde el Ministro de Seguridad de Córdoba y la Policía contra los trabajadores y dirigentes sindicales de ATE que defienden sus derechos y los de las personas que reclaman nada menos que alimentos.
La represión y las detenciones arbitrarias son una muestra clara de actitudes intolerantes que lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos y normas constitucionales básicas.
La Justicia debería disponer la inmediata liberación de todos los detenidos y el cese de la represión contra los trabajadores y dirigentes sindicales. La Constitución Nacional protege el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica y es obligación del Estado garantizar y respetar estos derechos.
La sana convivencia social y el Estado social de Derecho no puede permitir que la violencia policial silencie las demandas legítimas del pueblo.
Defender el derecho a la protesta y la libertad de expresión con firmeza y convicción es obligación del Estado.
El Gobierno provincial debería garantizar ese derecho hoy lesionado nuevamente desde el Ministerio de Seguridad.