Antonio Vercher Noguera (1953) se jubila en septiembre como Fiscal de Sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo. Y, que se sepa, no hay un candidato a sucederle, habida cuenta de la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la espera del auto de apertura de juicio oral (caso de filtración del correo de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid).
Este pasado mes de febrero, Vercher elaboró un oficio que se tradujo en un decreto que ponía en pie de guerra a los fiscales delegados de Medio Ambiente y Urbanismo de todo el país para asegurar los planes de prevención de incendios. «Nuevamente», escribía en su decreto, «iniciamos desde esta Unidad la campaña anual de prevención de incendios forestales».
Hay que saber que Antonio Vercher posee un currículum académico de campanilla: licenciado en Derecho (Universidad de Valencia), doctor en Derecho (Universidad de Cambridge, Inglaterra), Máster en Derecho por la Universidad de Harvard (Massachusetts, Estados Unidos); diplomado por el Seminario de Estudios Legales Americanos en Salzburgo (Austria).
Ya en 1990 enfila hacia el Medio Ambiente, cuando es nombrado fiscal coordinador en temas medioambientales del Tribunal Superior de Justicia de Valencia hasta 1994. Tras ser promovido en 1996 a la máxima categoría de la carrera al ser nombrado fiscal de sala del Tribunal Supremo, sería nombrado en 2006 fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo. Casi 20 años más tarde, en las próximas semanas, se acoge a su jubilación. No después de ejercer su segundo mandato como presidente del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE) del Consejo de Europa.
Y no después de intentar advertir, «nuevamente», como dice en su decreto del 17 de febrero, que había que prepararse para una faena que iba a ser muy difícil en el verano de 2025. Y sobre todo teniendo en cuenta que 2024 había sido un año no especialmente malo.
ekaizer / El Periódico
«Recapitulando los datos del año precedente, el año 2024, ha mejorado con respecto a los resultados de 2023. Según los datos provisionales ofrecidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) en el Avance Informativo de Incendios Forestales, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, 2024 ha sido el mejor año en número de incendios forestales de la década con 6.134 incendios, cuando la media es de 9.670. Los datos de superficie, según datos provisionales ofrecidos en el Avance Informativo de Incendios Forestales correspondiente a ese periodo, el año no ha mejorado con respecto a los resultados del 2023. Los datos de superficie forestal afectada son de 47.711,13 hectáreas quemadas, siendo en esto el segundo mejor año de la década»
También destacaba que «el número de grandes incendios forestales ha mejorado con respecto a los resultados de 2023. Los datos de superficie forestal afectada son de 47.711,13 hectáreas quemadas y el número de grandes incendios forestales, considerando como tales aquellos que superan las 500 hectáreas, ha sido de 16 incendios, siendo la cuarta mejor cifra del decenio, el mismo número que en 2015 y alejándose así de la media de los últimos 10 años que se sitúa en 23″.
Y, sin embargo… Vercher no bajaba la guardia sino todo lo contrario.
«La prevención de los incendios forestales es una prioridad para esta Fiscalía de Sala y, por ello, se ha involucrado en la labor (tanto operativa como de obtención de datos), a todos los cuerpos policiales y agentes adscritos incrementando su actuación respecto a 2024, sumándose a la labor del Seprona, los Agentes Forestales y la Red Local, aprovechando al máximo las posibilidades que ofrece en ese ámbito tanto la Ley de Montes como la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. En esta línea, tanto el Seprona como los Agentes Forestales han aportado mensualmente al Fiscal de Sala Coordinador datos relativos a las personas detenidas o investigadas por delitos de incendios forestales así como datos de localización de puntos de riesgo alto de incendios, actuación que ha contado con la colaboración de la Policía Local mediante la remisión y cumplimentación de fichas que serán aportadas al expediente».
Recordaba que «este año [2025], como ya se hiciera el año pasado y paralelamente a la campaña de prevención de incendios forestales, se ha remitido oficio a los tres cuerpos citados a fin de que, bajo el paraguas de las nuevas tecnologías y, en concreto, mediante el uso de drones en zonas de riesgo de incendios, realicen un mapeo del territorio y de aquellos puntos que por su orografía, superficie forestal, temperatura y otras variables sean susceptibles de tener un riesgo alto-medio de que estos se produzcan para, consecuentemente, combatir y prevenir incendios y verificar la existencia de planes de prevención de incendios en aquellos municipios incardinados en dichas áreas. En contestación al oficio referido, la Unidad de Agentes Forestales y Medioambientales adscrita a la Fiscalía de Sala elaboro informe en el marco del Expediente Gubernativo 153/24, el 27 de diciembre de 2024 cuyo contenido versa sobre el «Uso de drones y planes de prevención de incendios forestales».
Informaba asimismo que Fiscalía ha iniciado una investigación sobre la disponibilidad de tal tipo de medios a través de los Agentes Forestales adscritos, quedando acreditado que algo más de la mitad de las comunidades autónomas españolas disponen de tales medios (probablemente más) y se pueden aplicar al fin de prevención planteado en este documento».
Y al tiempo recordaba. «Por otra parte, se insiste en la importancia de la vigilancia respecto al cumplimiento de la obligación de tener Planes de Prevención de incendios por parte de los ayuntamientos en cuyo término municipal existe superficie forestal y en los supuestos regulados en las legislaciones autonómicas, especialmente transcurrido un tiempo desde esta iniciativa, superada la situación de sequía recurrente de años anteriores»
Y aquí ya estaba, pese a los resultados menos duros de 2024 apuntados, lanzando una alerta.
«Las previsibles altas temperaturas y la escasa limpieza de los bosques hace prever una temporada más que compleja, máxime si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas según los correspondientes planes, por lo que se hace imprescindible revisar el grado de cumplimiento por parte de los consistorios obligados por la normativa».
Vercher explicaba que «en virtud del artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por Real Decreto ley 17/2022, de 20 de septiembre, dispone concretamente que «las comunidades autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los referidos planes, que deberán objeto de publicidad previa a su desarrollo, comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y ejercer en la totalidad del territorio de la comunidad autónoma correspondiente».
Y, atención, el fiscal apuntaba que «en este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la participación de las comunidades autónomas y previo informe del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, viene elaborando directrices y criterios comunes para la redacción de los referidos planes que se aprobarán mediante Real Decreto».
Pero este Real Decreto, pendiente desde 2022, no vio la luz.
Vercher enfatiza: «Lo que se pretende es que los/las Ilmos. / Ilmas. Sres./Sras. Fiscales dispongan de la información precisa y adecuada sobre las previsiones de incendios para que puedan hacerse una composición de tiempo y lugar sobre los mismos, a efectos procedentes de coordinación y actuación con las autoridades e instituciones competentes al respecto»
A la luz de lo que ha pasado estas semanas, Vercher ha instado esta semana a los fiscales de Medio Ambiente a investigar qué se ha hecho, cómo y por qué se ha incumplido con la prevención, para determinar las acciones penales correspondientes.
Irse en las próximas semanas después de una guerra de décadas, como Vercher, en estas condiciones, provoca cierta desazón, como la que atribuyen al fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo profesionales que le conocen.
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