Una Bullrichista ultracatólica
La senadora por Córdoba Carmen Álvarez Rivero sugirió durante el plenario de comisiones donde se debatía la emergencia pediátrica por el ajuste contra el Garrahan que ese hospital sólo debería atender a los niños porteños. «Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan el derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco».Sostuvo Álvarez Rivero.
Una de las banderas más visibles de Álvarez Rivero es, según sus propias palabras, su militancia en contra del aborto. En distintas oportunidades expresó su intención de derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), buscando construir una “nueva mayoría celeste” en el Senado. La senadora sostiene que la ley no trae beneficios a Argentina y que se basa en “cifras mentirosas”. Para ella, la promoción del aborto es parte de un “proceso ideológico” que deshumaniza a la persona. Una ferviente militante machista.
Con una incursión en la política que levanta más de una pregunta, la heredera del gigante desarrollista Delta, aunque oficialmente sin un rol directivo en la empresa, se lanzó a los comicios de 2021. Su estrategia era clara: capitalizar el voto de una base electoral de tradición confesional, un segmento habitualmente desatendido o al menos no tan directamente cortejado por las grandes coaliciones.
Su llegada a la arena nacional se dio bajo el ala de Juntos por el Cambio, una alianza que buscaba ampliar su espectro con perfiles ajenos a la política tradicional. De esta forma, se unió a la fórmula con Luis Juez, un dirigente con un largo recorrido y una base de votantes establecida, lo que le proporcionó una plataforma instantánea y de alto perfil.
La «bendición» para esta candidatura provino de la entonces líder del PRO, Patricia Bullrich. La invitación a unirse al partido en enero de 2020 fue un movimiento calculado. La propia candidata, en un gesto que revela la naturaleza de su vínculo, se refirió a Bullrich como su «lideresa a futuro» y «madrina» de su postulación. Juró su cargo el jueves 18 de noviembre de 2021, con asunción formal el 10 de diciembre.
Esta retórica, más propia de un apadrinamiento político que de una trayectoria construida desde las bases, subraya cómo figuras con poder y recursos fuera de la política pueden ser cooptadas para servir a los intereses de las grandes alianzas corporativas.
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Que alguien le avise a «la senadora antiderechos», que gracias a la lucha en nuestro país, el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes está consagrado constitucionalmente. No es solo una aspiración, sino una obligación del Estado, reforzada por la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto significa que el acceso a la atención médica integral —incluyendo prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos— no puede ser negado a ningún niño de país.
El Estado debe garantizar que reciban atención prioritaria y sin discriminación, garantizando que el origen social, la situación económica o la condición migratoria no sean barreras para acceder a un sistema de salud que debe ser equitativo y de calidad. Es por ello que trabajadores de la salud y familias vienen reclamando y luchando frente a este gobierno de los empresarios.