La Federación Islámica tiene previsto denunciar ante la Fiscalía de la Región al partido Vox a raíz de la polémica moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla, la cual prohibía celebrar rezos colectivos en polideportivos de la localidad. El presidente de este colectivo que agrupa a musulmanes residentes en la Región, Mounir Benjelloun, subrayó ayer, en declaraciones a La Opinión, que su defensa a la libertad religiosa está más viva que nunca, de ahí que hayan decidido hacer llegar al Ministerio Público su demanda, la cual no está puesta todavía porque agosto es un mes inhábil a nivel judicial.
Así, Benjelloun anunció este jueves que el colectivo que preside llevará a los tribunales la polémica moción aprobada en el municipio del Altiplano. A su juicio, «todo lo que ha sucedido en Jumilla responde a una estrategia política planificada de violencia y exaltación al odio».
En este sentido, pretenden presentar ante la Fiscalía un escrito en el que argumentarán por qué consideran que se comete un delito de odio al consensuar en Pleno la moción en cuestión. La demanda «será presentada en el mes de septiembre a más tardar», hizo hincapié Benjelloun.
Una vez que se reciba el escrito, con las argumentaciones de los musulmanes, la Fiscalía previsiblemente abrirá diligencias y a continuación analizará la documentación aportada para establecer si continúa con el caso o dar carpetazo al mismo.
Y es que recordemos que el PP y Vox facilitaron una enmienda para impedir que se celebren en Jumilla las dos grandes festividades musulmanas: el fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero, las dos previstas para la primavera de 2026.
Esta enmienda consistió en permitir la modificación del reglamento de instalaciones deportivas «para que no se pueda realizar ninguna actividad ajena al deporte, a no ser que esté promovida por el Ayuntamiento».
Mounir Benjelloun dijo entonces: «No van contra otras confesiones, van contra la nuestra. Se trata de una propuesta islamófoba. Es una normativa discriminatoria para que solo los musulmanes no puedan disfrutar de sus fiestas».
Mientras el Gobierno central desde Moncloa dio un plazo, hasta el 11 de septiembre, para que PP y Vox anulen su acuerdo (moción). En caso contrario, tal y como advirtió la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, promotora del requerimiento en coordinación con los ministerios de Justicia y Política Territorial, el caso será elevado a la Abogacía del Estado.
El Consistorio de Jumilla respondió entonces que suspenderá la medida en caso de que los técnicos determinen que incumple el ordenamiento jurídico.
Pero Jumilla no es el único municipio envuelto en la polémica del odio y el racismo. Torre Pacheco sigue en el ojo del huracán después de los incidentes de corte racista y xenófobo que estallaron a raíz de la agresión a un vecino, Domingo Tomás, por parte de un joven de 19 años de edad que fue detenido días después en el País Vasco y, aunque llegó a ingresar en prisión provisional, ya está libre.
A este respecto, desde la Federación Islámica también están pensándose llevar este caso a la Fiscalía, puesto que consideran que se han cometido delitos de odio. Cabe recordar que el Ministerio Público ya abrió diligencias contra el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, por sus manifestaciones precisamente en el marco de estos incidentes. La fiscal pidió a la Guardia Civil un informe del contenido de las redes sociales del político conservador en aquellos días.
Sobre lo sucedido en el municipio del Campo de Cartagena, desde la Federación Islamica apuntan que se encuentran recopilando información para decidir si también lo llevan a los tribunales. «Nuestros asesores siguen trabajando muy duro para que esto no vuelva a ocurrir. Aunque ahora reina la tranquilidad, hubo días en que se cazaba inmigrantes», significó Benjelloun.
«A toda máquina»
Volviendo a lo ocurrido en Jumilla, el presidente de la Federación sentenció que «estamos trabajando a toda máquina para que en el mes de septiembre esté toda la documentación preparada y nuestros abogados puedan presentarla adecuadamente en tiempo y forma».
Este periódico se puso en contacto con Vox, para preguntar su punto de vista sobre esta anunciada demanda, pero desde el partido de Abascal dijeron que preferían no pronunciarse.
La ministra Redondo sigue de cerca el «caldo de cultivo alarmante»
Tras la reunión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con la delegada del Gobierno de Murcia, Mariola Guevara, y asociaciones y entidades que trabajan con personas migrantes en la Región de Murcia se ha llegado a una importante conclusión: se realizará un seguimiento de los acontecimiento ocurridos este verano en Torre Pacheco y otros municipios. .
Se trató de una reunión en la que participaban asociaciones que trabajan con personas migrantes sobre el terreno.
El objetivo era realizar un seguimiento de los gravísimos acontecimientos ocurridos a principios de este verano en Torre Pacheco, así como de otros episodios preocupantes, como los registrados en Jumilla o en Las Torres de Cotillas.
«Consideramos fundamental entender qué está ocurriendo y, especialmente, cómo determinados discursos de odio, impulsados por la ultraderecha y amparados, en demasiadas ocasiones, por la connivencia del Partido Popular, están generando un caldo de cultivo profundamente alarmante«, explicó la ministra Redondo.
En el Ministerio de Igualdad, dijo la ministra a través de un comunicado, «creemos prioritaria una mayor coordinación entre todas las administraciones. Asimismo, es esencial profundizar en la realidad social que se vive en muchos de estos contextos: realidades marcadas por la pobreza, la exclusión social, la marginalidad y el abandono escolar temprano».
En este sentido, «creemos firmemente que desde el Ministerio de Igualdad, y a través de la autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación, podemos ejercer como vehículo de participación y coordinación, tanto entre las instituciones como con la sociedad civil, para luchar de forma decidida contra el racismo y la xenofobia», destacó.
Aunque asociaciones como Cruz Roja no quiso pronunciase, el responsable de Accem, Chema Ruiz, explicó que la reunión había significado una primera «toma de contacto» y en la misma se abordaron posibles soluciones para el conflicto existente en municipios como Jumilla y Torre Pacheco, entre otros.