El Gobierno laborista del Reino Unido ha depositado en la inteligencia artificial (IA) todas sus esperanzas para acabar con los problemas de sobrepoblación en las cárceles del país. Desde su llegada a Downing Street hace poco más de un año, el primer ministro, Keir Starmer, ha defendido la implementación de nuevas tecnologías en los servicios públicos, incluidos nuevos métodos de control y vigilancia que permitan crear una «cárcel fuera de la cárcel» y mejorar la eficiencia de las instituciones penitenciarias. La efectividad de estos mecanismos, sin embargo, todavía no ha quedado demostrada y su implementación ha generado preocupación entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
La última medida anunciada por el Gobierno consiste en utilizar la IA para predecir episodios violentos dentro de las cárceles antes de que ocurran. A través del análisis de diversos datos, entre ellos la edad del recluso o su participación previa en incidentes violentos estando bajo custodia, la nueva herramienta permitirá a los funcionarios de prisiones evaluar los niveles de amenaza en los distintos pabellones y trasladar a los presos antes de que la violencia se intensifique. El Ejecutivo también ha aprobado el uso de la IA para identificar mensajes en los teléfonos de los presos —incluidos los encriptados— que incluyan amenazas violentas contra otros reclusos o contra los funcionarios de prisiones.
Cárceles saturadas
La situación límite en las cárceles del país, las cuales se encuentran a más de un 97% de su capacidad, ha provocado un aumento de los ataques dentro de los recintos penitenciarios. En el caso de Inglaterra y Gales, las agresiones contra funcionarios de prisiones por cada 1.000 reclusos ha aumentado un 7% en los últimos 12 meses, mientras que la tasa de agresiones graves se ha incrementado un 6%. El Gobierno está probando el uso de pistolas táser y ha implementado el uso obligatorio de chalecos protectores para el personal de seguridad, pero insiste en la necesidad de combinar estas medidas con los últimos avances tecnológicos.
El Ejecutivo sostiene que el uso de IA será beneficioso no sólo en términos estrictamente punitivos, sino también ayudará a mejorar los procesos de rehabilitación de los presos. Pero algunos expertos han puesto en duda su efectividad. «El resultado final será o bien un mayor control o bien un trato que será percibido como algo frío, inhumano y digital«, asegura Mike Nellis, profesor de justicia penal en la Universidad de Strathclyde. «No se percibirá como una rehabilitación tradicional, pero tampoco como un castigo tradicional. Simplemente serán procesados por máquinas. Seguirá habiendo personas, pero probablemente habrá menos encuentros cara a cara con ellas», añade.
Gigantes tecnológicos
Además de las herramientas ya anunciadas, el Gobierno está estudiando otras propuestas, planteadas en los últimos meses por empresas tecnológicas como Microsoft, Google o Amazon, para mejorar la eficiencia del sistema penitenciario. Entre ellas está la monitorización del comportamiento a tiempo real y el uso de chips subcutáneos de rastreo; el uso de robótica para gestionar los movimientos de los presos y contener posibles actitudes violentas o la implementación de asesores impulsados por IA que ayuden a evaluar los procesos de rehabilitación. Algunas compañías también han propuesto utilizar vehículos autónomos para transportar a los presos, en un intento de mejorar la seguridad del personal de prisiones.
Estos planes se enmarcan en el plan de acción que el Gobierno ha puesto en marcha para implementar la IA en los servicios públicos. Un plan que ha defendido la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, quien ha afirmado no tener reparos en utilizar tecnologías de monitorización biométrica que permitan reconocer movimientos y predecir comportamientos. «Seguimos explorando tecnologías que nos ayuden a reducir la delincuencia, vigilar eficazmente a los delincuentes y garantizar la seguridad ciudadana«, ha asegurado un portavoz del ministerio.
Escasa regulación
El profesor Nellis alerta, sin embargo, de los riesgos que conlleva la estrategia del Gobierno de apoyarse en las empresas tecnológicas para mejorar la eficiencia de las instituciones públicas, incluido el sistema penal. «El Gobierno laborista sostiene que el potencial de la IA y sus beneficios en todos los servicios públicos son tan grandes que no nos podemos permitir frenarlo con una regulación excesiva. Y eso es lo que las grandes empresas tecnológicas quieren oír«, señala Nellis, quien indica que los plazos para la implementación de esta estrategia, de apenas tres años, son demasiado cortos. «La IA se ha presentado como la solución a todos los problemas a los que se enfrenta la justicia penal, pero el plan es implantarla a tal escala y a tal ritmo que el peligro de causar grandes daños es enorme«.
El uso de la IA a gran escala en el sistema penitenciario también ha provocado las críticas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que han calificado el plan como «distópico». «Es escalofriante pensar que los responsables del Ministerio de Justicia se han reunido con el sector tecnológico para debatir el uso de robots para gestionar a los presos, la implantación de dispositivos bajo la piel para rastrear su comportamiento o el uso de ordenadores para ‘predecir’ lo que harán en el futuro», ha asegurado Donald Campbell, uno de los máximos responsables de Foxglove, una organización sin ánimo de lucro que defiende un uso más justo de la tecnología. «Es decepcionante ver que siguen insistiendo en estas ideas y que el Ministerio de Justicia está tan dispuesto a escucharlas».
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