Como si el escándalo del fentanilo contaminado no tuviera suficiente agitación con la acumulación de muertes atribuidas al opiáceo de los laboratorios HLB y Ramallo, un nuevo capítulo sumó todavía más incertidumbre: el Gobierno difundió su intención de recusar al juez Ernesto Kreplak, algo que este jueves -confirmaron desde el Ministerio de Salud a Clarín– estaba “en análisis”. Sin embargo, las repercusiones de esa posibilidad no sólo empezaron a dividir a las familias de las (por ahora) 96 víctimas fatales -según su grado de aprobación acerca del ritmo al que avanza la investigación- sino que habilitaron el interrogante de qué opciones tendrá el magistrado si el Gobierno confirma su pedido de apartamiento y, de concretarlo, qué hará el juez.
Las opciones jurídicas están previstas en el Código Procesal Penal, en los artículos que van del 53 al 56. Las variantes son básicamente tres. El juez podría desestimar la recusación, aceptarla o rechazarla. Antes de profundizar en las implicancias de cada una y a qué magistrado podrían ir a parar los ocho cuerpos de esta causa, vale remarcar que, hasta donde se pudo averiguar, el Gobierno no solo no emitió ningún escrito justificando el supuesto pedido de apartamiento sino que esa posibilidad estaba “bajo análisis”.
Todo el revuelo ocurre en un contexto de constante debate por la figura del Kreplak, como viene informando Clarín desde mayo, en base a dos señalamientos distintos, que ahora aparecen empastados.
El primero tiene tres meses de antigüedad, aunque cada tanto alguien lo reflota. Surgió apenas Kreplak recibió la denuncia de la ANMAT por el fentanilo contaminado (el 12 de mayo de este año), cuestión que había llegado a conocimiento del organismo el 5 de mayo, tras la denuncia del Hospital Italiano de La Plata de un extraño brote de neumonía presuntamente causado por bacterias infiltradas en el fentanilo de HLB.
Habían muerto 9 personas. Sumando las de todo el país, ahora se contabilizan al menos 96. Sin embargo, ya entonces el apellido Kreplak despertaba preguntas en algunos, sospechas en otros y rechazo en varios más.
En esos días, Clarín consultó a fuentes de la investigación si se había considerado un autoapartamiento del magistrado, dada la filiación con el actual ministro (y lo que todo eso, caía de suyo, involucraba). La respuesta tuvo el tenor de una certeza. O dos: que el juez podría trabajar sin conflicto alguno y con total independencia, y que, llegado el caso en el que algo de eso cambiara, se tomarían cartas en el asunto.
Parece razonable preguntarse si quienes ahora remarcan la cuestión del apellido, no basan su disconformidad en el segundo cuestionamiento, mucho más reciente, ya que atañe a los tiempos y los supuestos frutos que debería estar dando la investigación. Concretamente, se demanda que no haya imputados o detenidos, o al menos algún nombre señalado, de los 24 sospechosos bajo la mira de los investigadores. Esto, más allá de la referencia permanente -particularmente en los medios- de Ariel García Furfaro, el responsable de los laboratorios que elaboraron el fentanilo contaminado.
La lucha de las familias de las víctimas del fentanilo
La potencial recusación por ahora no sustanciada afectó, este miércoles, el ánimo de muchas de las familias de las 96 víctimas del fentanilo, todas personas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa y Córdoba.
Algunas de esas personas se alinearon con los cuestionamientos hacia el juez de parte de legisladores que vienen pidiendo la creación de una comisión investigadora del tema fentanilo; los mismos que (desde la comisión de Salud del Congreso) emitieron en estas horas un dictamen con 25 preguntas dirigidas al Gobierno (detalladas en el documento debajo de este párrafo).
Otros, en cambio, se manifestaron en contra de esa posibilidad, ya que ven con buenos ojos el proceso que el juez viene conduciendo desde el 8 de mayo, cuando (a través de una comunicación de la ANMAT) se conocieron las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata.
“Sería un despropósito. Inadmisible. Tendría que empezar todo de cero y se demoraría de manera inaceptable todos los procedimientos”, dijo a Clarín Adriana Francese, abogada de un grupo de familiares de las víctimas y tía de Renato Nicolini, el joven de de 18 años de Chascomús que murió luego de estar internado en el Italiano de La Plata.
Carla, la hija de un hombre de 68 años que falleció en el Hospital Italiano de Rosario luego de recibir fentanilo contaminado como sedante para una cirugía programada, se hizo conocida por ser la impulsora de un grupo de familias que piden justicia. Compartió con este medio que ella y muchas otras familias están alineadas en contra de la recusación.
“Hacerlo sería dilatar los tiempos de la causa. Ayer, sin ir más lejos, se empezaron a hacer pericias sobre los lotes contaminados en el Malbrán y esto sería frenar esas pericias, que son importantísimas para el avance de la investigación”, opinó, y reflexionó: “A pesar de que nuestra ansiedad como familias de las víctimas sería ya mismo tener imputados, sabemos que tenemos que tener alguien coherente llevando la causa, que las pruebas sean irrefutables y por eso creemos que se están dando pasos lentos pero certeros”.
Alejandro Ayala, hermano de Leonel, un joven de 32 años que también murió por culpa del fentanilo, coincidió con ellas: “Para nosotros tiene que continuar. El Gobierno Nacional también es responsable. Se trata de una causa federal y su hermano ministro no está involucrado”.
Francese consideró que “sería una muy mala noticia y un problema enorme” para los intereses de los familiares que siguen de cerca esta abultada causa. Además, analizó que, si se traslada de juzgado, “quien se haga cargo debería demorar al menos dos meses en leer la causa”.
Ahora bien, ¿a qué juez iría a parar esta causa si la recusación se confirma y Kreplak la acepta?
Si bien no se formalizaron los argumentos, desde el Gobierno sostienen que la incompatibilidad para avanzar en este proceso es el grado de parentesco de Kreplak con el ministro de Salud bonaerense.
El Código de Procedimiento Penal de la Nación (CPPN) exige que haya una requisitoria por escrito y que sea presentada por una de las partes (defensores, fiscal o querellantes). Deberá estar fundamentada y a partir de ahí se abren tres opciones.
Si el juez acepta la recusación, se remite el expediente completo a otro juzgado. En el caso del fuero Federal de La Plata, sería en el despacho de Alejo Ramos Padilla, el otro magistrado que tiene competencia penal. Es también el funcionario judicial que tiene a su cargo todo el proceso relacionado con los comicios en la provincia, porque está a cargo de Juzgado Nº1, con competencia electoral.
Según el procedimiento detallado en el artículo 55 del CPPN, la segunda variante que es Kreplak rechace los argumentos del eventual perdido. En ese caso, le tocará resolver a la Cámara Federal. Hay una tercera opción, que es que no tenga en cuenta el pedido (desestimación), situación en la que la decisión también podría ser apelada y quedaría a criterio de la Cámara.
Al respecto, fuentes del Tribunal Federal de La Plata consultadas por Clarín sostuvieron posturas diversas. “Debió apartarse desde el primer momento. Era claro que podría rozar con alguno de los puntos que contemplan la recusación. Hay antecedentes de la Cámara Federal platense que sostienen este fundamento”, dijo un funcionario penal a este diario.
Otro abogado que litiga en ese fuero explicó que el Código Procesal tiene “causales de interpretación restrictiva, es decir las causales deben ser taxativamente las que enumera el artículo”. Todas apuntan a detallar las situaciones en que un juez perdería la imparcialidad. Los primeros incisos focalizan en los lazos familiares: “Si como juez hubiere intervenido o interviniere en la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; si fuere pariente, en los grados pre indicados, con algún interesado; si él o alguno de dichos parientes tuvieren interés en el proceso”.
Pero, si de superposiciones se trata, quizás no deba perderse de vista algo que también enfatizan algunos: que el Ministerio de Salud se haya presentado como querellante, cuando en su entorno orbita la ANMAT, el organismo que debía controlar los medicamentos producidos por HLB y Ramallo.
SC