Una investigación en la Justicia Federal reveló un complejo entramado de corrupción, lavado de activos y evasión fiscal a través de empresas “de papel” que recibieron millonarios contratos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
La causa apunta a las empresas Citepa SA y Varberg SA, de los hermanos Víctor Enrique, Sergio Gustavo y Víctor Manuel Solmi. Ambas firmas facturaron más de $ 49 millones entre 2013 y 2018 en contratos directos y sin licitación, con Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y el Ministerio de Educación de la Ciudad.
El expediente inició en 2017 en la Justicia Federal de San Nicolás, cuando la AFIP denunció a los integrantes de Citepa y Varberg por evasión del pago de impuestos nacionales. La investigación del fiscal Matías Di Lello contó con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
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La Procelac, presentó una denuncia por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública que tramita en la fiscalía de Federico Tropea y otra por la posible existencia de maniobras de lavado de activos en el Juzgado Federal 2 de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo.
De acuerdo a la acusación del organismo antilavado, el dinero procedente de los negocios con el Gobierno porteño “habría sido luego utilizado para realizar diversas transacciones financieras de inversión bursátil, poniendo así en circulación el producto de la posible actividad ilícita”. El juez Villafuerte Ruzo se declaró incompetente por entender que la mayoría de los hechos denunciados habían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, y derivó la causa a Comodoro Py.
Ya en los tribunales de Retiro, la causa quedó radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, quien posteriormente aceptó como querellante a la AFIP quien pidió la indagatoria de los Solmi y de otras once personas por diversos roles en maniobras de lavado de activos.
El juez indagó a los imputados que negaron los hechos. Sin embargo, la investigación, que incluyó mucha documentación, probó que Citepa y Varberg eran en realidad empresas “fantasma”: simulaban brindar servicios de limpieza y antigrafiti, pero carecían de estructura real y de empleados.
Parte de la prueba clave fueron los diálogos extraídos de los teléfonos secuestrados que dieron cuenta que Víctor Enrique Solmi mantenía contactos personales directos con funcionarios de Sbase y del Ministerio de Educación, que intervinieron en las contrataciones para direccionar las adjudicaciones hacia Citepa y Varberg alegando “urgencia” o “especialidad”. La administración de ambas firmas estaba a cargo de testaferros, aunque los verdaderos beneficiarios finales eran los Solmi. Finalmente, Casanello procesó a Víctor Enrique Solmi, Víctor Manuel Solmi, Sergio Gustavo Solmi, Andrés Gustavo Servente, Alejandro Guido Servente, Pablo Servente, Pablo Geoghegan, Rodolfo Santiago Solimano y José María Cambón, por ser coautores de lavado de activos mientras que a Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti como partícipes necesarios. Asimismo, trabó embargos de hasta $ 18 mil millones y dictó la falta de mérito para tres personas. Todos apelaron el fallo del juez y ahora la Cámara Federal Porteña deberá determinar si convalidan lo actuado por el magistrado.