Parece ser el tiempo de las «Congresonomics«: la creciente posibilidad de que el Congreso Nacional reasuma -a su manera- un papel protagónico en la aprobación y sanción de partidas presupuestarias específicas, orientadas a áreas críticas como la salud, la educación, las transferencias a las provincias, la discapacidad y la seguridad social. Las últimas horas dan cuenta de ello.
El Gobierno viene de sufrir una dura derrota. La oposición aprobó la emergencia en el Garrahan y el financiamiento universitario. Además, se impuso el tratamiento en comisión de los proyectos de los gobernadores y los cambios en la comisión cripto, mientras que se rechazaron los decretos contra Vialidad, la Marina Mercante, el INTI y el INTA. Pero además esa derrota es doble: señalan en la Casa Rosada que este tipo de maniobras los «expone» en plena carrera electoral, al punto tal que, anoche, se sopesaba la posibilidad de terminar cediendo en alguna cuestión relacionada con la emergencia pediátrica y discapacidad.
La lectura política obligaría a pensar que esta dinámica representa un contrapeso al enfoque ejecutivo de ajuste fiscal estricto, y podría marcar un giro hacia una gestión más descentralizada y plural de los recursos públicos, en respuesta a las demandas sociales acumuladas. Sin embargo, esta perspectiva choca frontalmente con las recomendaciones emitidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su revisión del acuerdo de facilidades extendidas, aprobada el pasado 31 de julio. El organismo multilateral insta al Gobierno a mantener un superávit primario del 1,6% del PBI para 2025, priorizando la disciplina fiscal y los ajustes necesarios para garantizar un margen suficiente en el pago de la deuda externa.
Las «recomendaciones» del FMI, una presión adicional para Luis Caputo
En concreto, el FMI enfatiza la necesidad de controles estrictos en el gasto, incluyendo reformas en subsidios energéticos, pensiones y programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde se proponen controles de elegibilidad más rigurosos para optimizar recursos y evitar desvíos. Estas medidas, aunque destinadas a reconstruir reservas internacionales y sostener la desinflación, implican una contención del gasto social que podría limitar las iniciativas legislativas.
Las recomendaciones adicionales del FMI incluyen reformas estructurales, como la simplificación del sistema tributario para diciembre de 2025, la presentación de un diagnóstico sobre la reforma previsional para diciembre de 2026 —con énfasis en mejorar la proporcionalidad entre contribuciones y beneficios—, y la reducción gradual de subsidios energéticos hasta alcanzar la cobertura de costos, proyectando una baja de 1,5% del PBI en 2024 a 0,1% en 2030.
Además, el organismo concedió «waivers» por el incumplimiento del criterio de desempeño en la acumulación de reservas internacionales netas (NIR), modificando los objetivos para fin de 2025 y reconociendo acciones correctivas del Gobierno, como compras oportunistas de divisas. En el plano monetario, se aconseja mantener condiciones estrictas y avanzar hacia un régimen de tipo de cambio flexible, todo ello para «fortalecer la sostenibilidad de la deuda», que se espera reduzca del 85% del PBI en 2024 al 55% en 2030.
Este conjunto de directrices se inserta en un contexto electoral marcado por las elecciones legislativas de octubre, donde se renovarán 127 escaños en Diputados y 24 en el Senado. En un escenario de encuestas variables —con La Libertad Avanza liderando en algunos sondeos, pero enfrentando competencia de Unión por la Patria y otros bloques—, el Congreso, en modo campaña, intensifica la presión sobre el Ejecutivo, rechazando decretos y potencialmente impulsando aprobaciones presupuestarias expansivas -donde no falta la especulación electoral-, lo que podría alterar el control legislativo y complicar la implementación de las políticas de ajuste fiscal.
El ajuste fiscal de Javier Milei y la posibilidad de modificar las metas
El dato que debe tenerse presente es que el ajuste fiscal impulsado por el presidente Javier Milei desde el inicio de su mandato se ha caracterizado por reducciones significativas en el gasto primario, según análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Hasta junio de 2025, el gasto primario total registró una contracción interanual real del 34,8% comparado con fines de 2023, aunque mostró una leve recuperación del 0,6% frente a junio de 2024, consolidando el enfoque en la contención para lograr superávits mensuales.
En seguridad social, las prestaciones sociales cayeron 16,9% en términos reales versus 2023, con recortes del 12,3% en jubilaciones y pensiones contributivas, 13,8% en pensiones no contributivas y 41,3% en asignaciones familiares, parcialmente compensados por un aumento del 56,7% en la AUH y del 11,4% en prestaciones del PAMI. Las transferencias a provincias experimentaron una caída del 34,3% real comparado con 2023, pese a un incremento del 136,5% versus 2024 impulsado por obligaciones judiciales. Los subsidios económicos se redujeron drásticamente 81,5% real frente a 2023 (con caídas del 86,6% en energéticos y 59,8% en transporte), y 28,4% versus 2024, reflejando la discontinuidad de compensaciones y menor importación de gas. Finalmente, los gastos de capital cayeron un 82,1% real comparado con 2023, sin signos de reactivación en obra pública.
Esta estructura del ajuste, que prioriza la reducción en subsidios, inversión pública y la mayoría de las prestaciones sociales, ha permitido acumular superávits fiscales, pero a costa de erosionar el poder adquisitivo y los servicios esenciales. El CEPA destaca que, pese a ajustes en la fórmula de movilidad para indexar a la inflación, no se observan mejoras reales en el gasto social, y advierte sobre posibles incumplimientos en mandatos legales para reactivar inversiones.
Esta dicotomía plantea desafíos para el Gobierno. Según trascendió, se evalúa por estas horas qué camino seguir, ya que existen voces en el Palacio de Hacienda que manifiestan algún tipo de inflexión. Básicamente reconocen que podrían «ceder» gasto para la emergencia en pediatría y la discapacidad, a la vez que se negociarían nuevas metas con el FMI, ligeramente menores en materia de superávit. Analistas advierten que si el Congreso avanza en sancionar partidas autónomas, podría generar un debate sobre la soberanía fiscal, pero también riesgos de confrontación con el Ejecutivo y posibles vetos presidenciales.