Tal como había anunciado el presidente en varias oportunidades, en las últimas horas firmó el veto y el lunes saldrá publicado en el Boletín Oficial
02/08/2025 – 16:30hs
A poco más de tres semanas de que el Senado aprobara las leyes de aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, en una jornada que dejó muchísimas repercusiones para el Gobierno de Javier Milei, el presidente confirmó hoy lo que ya había advertido en varias oportunidades: firmó el veto para ambas leyes, basando su argumento en el compromiso que generaría eso para el superávit fiscal, uno de los principales objetivos que tiene el Ejecutivo.
La decisión se oficializará este lunes con su publicación en el Boletín Oficial, y la medida profundiza el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que ahora deberá decidir si insiste en las leyes o acepta la decisión presidencial. Milei ha sido enfático al argumentar que cualquier ley que implique un aumento del gasto público es «fiscalmente inviable» y, de ser aprobada, podría llevar al país a la «bancarrota». Esta postura cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en un informe reciente consideró que estas medidas generan «tensión política e institucional».
Las leyes, que habían sido aprobadas por el Senado a principios de julio, buscaban dar respuesta a dos sectores vulnerables de la sociedad:
- Ley de Movilidad Jubilatoria: La ley impulsada por la oposición proponía un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, un incremento en el bono jubilatorio -de $70.000 a $110.000- y la restitución por dos años de una moratoria previsional.
- Emergencia en discapacidad: Este proyecto buscaba declarar la emergencia en el sector para garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral, respondiendo a los múltiples reclamos de organizaciones por recortes y la discontinuidad de pagos y servicios.
El veto presidencial, tal como lo establece la Constitución, puede ser revertido por el Congreso si ambas cámaras logran una mayoría especial de dos tercios para insistir en la sanción original. El oficialismo, consciente de esta posibilidad, se encuentra en plena negociación con gobernadores y bloques parlamentarios para asegurarse los votos necesarios que sostengan el veto, especialmente en la Cámara de Diputados, donde los números son más ajustados.
La estrategia política y las negociaciones en el Congreso
La firma del veto se demoró de forma estratégica para dilatar su tratamiento parlamentario. En este contexto, el Gobierno ha intensificado las rondas de negociaciones con los gobernadores y bloques aliados. La Casa Rosada evalúa ofrecer una parte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y busca acuerdos puntuales de cara a las próxima elecciones.
La tensión política crece, y aunque la administración de Milei ha sumado a su bloque a cinco diputados radicales, el resultado de una posible votación para revertir el veto sigue siendo incierto. El PRO, uno de sus principales aliados, aún no ha unificado una postura. Ante este escenario, el Gobierno ha asegurado que, incluso si el veto fuera rechazado en el Congreso, judicializará las iniciativas con el objetivo de evitar cualquier erogación presupuestaria.