Mañana se cumplen dos años desde que el Gobierno de Canarias declarara la emergencia migratoria en las Islas y aunque el fenómeno no ha desaparecido –se mantienen los motivos que provocan el desplazamiento de personas–, en los últimos 730 días se han dado pasos adelante en la gestión de la crisis humanitaria y se ha logrado reducir el flujo de personas en la ruta canaria. Eso dicen los números. De enero a julio de este año llegaron a Canarias 11.588 migrantes, un 45% menos que en el mismo periodo del año pasado. ¿La razón? Según el Ejecutivo autonómico, la clave está en haber presionado todos los frentes que participan en el fenómeno. «Haber apretado todas las tuercas o todas las teclas hace que el flujo esté un poco más controlado», explica el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello.
En estos dos años se ha conseguido poner a la migración en el centro del debate, lo que ha permitido apretar esas «tuercas». El incremento de Frontex; el mayor apoyo a los programas y proyectos de cooperación; el aumento de las redadas a las mafias de tráfico de personas; y una ofensiva parlamentaria, burocrática y diplomática son algunos de los ingredientes que, unidos, han permitido que las cifras de llegadas a Canarias se estabilicen y, por el momento, se frene la tendencia al alza que se produce en las estadísticas desde 2020.
Para que esto ocurra ha sido indispensable que la crisis se entendiera más allá de las fronteras del Archipiélago. «Elevar el tema a un problema europeo ha servido para que haya un poco más de control», explica Cabello.
«Escenario diferente»
El Ejecutivo canario –a base de insistencia– ha logrado colar la emergencia migratoria en la agenda nacional y europea, permitiendo abrir el abanico de la búsqueda de soluciones. «El tema canario ha venido a marcar parte de la agenda política de una manera muy importante», apunta el portavoz del Ejecutivo canario, quien defiende que sin la declaración de emergencia «el escenario sería muy diferente».
La decisión tomada hace dos años ha permitido agilizar los trámites burocráticos y las contrataciones necesarias para dar respuesta a una crisis migratoria que en los últimos años ha batido todos los récords. Desde que se declaró la emergencia han llegado al Archipiélago 82.612 personas, solo en 2024 fueron 46.717.
Y aunque los números ahora reflejan un periodo valle, desde el Ejecutivo canario tienen claro que hay que estar preparados para que en cualquier momento se produzca un nuevo repunte de llegadas a las Islas. «El problema sigue existiendo, nosotros tenemos que estar preparados y dimensionados», asegura Cabello, quien apuesta por tener «cierta infraestructura» elástica que sea capaz de adaptarse ante los retos que puedan venir en el futuro.
Atención en condiciones
Y en la misma línea se pronuncia el responsable autonómico de primera respuesta de emergencia para población inmigrante de Cruz Roja, José Antonio Rodríguez Verona, quien asegura que la entidad tiene «capacidad» para desplegarse en cualquier isla si aumenta el flujo de pateras. Cosa que hace unos años era impensable. «En 2019 teníamos tres personas contratadas y no teníamos ningún dispositivo en ningún puerto, se atendía de la forma que se podía. Ahora tenemos una atención en condiciones y 75 personas contratadas», explica.
Para el responsable de Cruz Roja, la declaración de emergencia fue «crucial». «No solo ha agilizado todos los trámites, sino que nos ha permitido tener presupuesto. Si no se hubiera declarado la emergencia, estaríamos en una situación bastante complicada», reconoce. Desde Cruz Roja han notado la disminución de llegadas de los últimos meses y están aprovechando para reforzar los equipos humanos y materiales. «Nos estamos preparando porque es verdad que septiembre y octubre son meses en los que suele aumentar el flujo migratorio», explica.
En estos dos años de emergencia el foco ha estado en la atención de los menores migrantes no acompañados tutelados por el Gobierno canario. La declaración permitió la apertura de centros y la movilización de recursos económicos en un tiempo récord. En marzo de este año el presidente canario, Fernando Clavijo, y su equipo lograron, junto al Ejecutivo central, impulsar la modificación de la Ley de Extranjería para permitir el reparto solidario de los jóvenes entre las comunidades autónomas después de meses de negociaciones. Y aunque todavía no se ha materializado, para el Ejecutivo canario es todo un «hito». «Canarias ha arrastrado un poco al Estado y a las comunidades a terminar cumpliendo y ahora tenemos un marco legal que ampara la situación de los menores», defiende Cabello.
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