En una medida que marca un giro significativo en la política migratoria argentina, el Gobierno nacional oficializó este jueves 31 de julio de 2025 el Decreto 524/2025, mediante el cual reglamenta el acceso a la ciudadanía argentina para personas extranjeras que realicen inversiones consideradas “relevantes” en el país.
La normativa del Gobierno, publicada en el Boletín Oficial, elimina el requisito de tiempo de residencia legal continua, tradicionalmente exigido por la Ley de Ciudadanía N° 346, y establece un nuevo procedimiento que busca atraer capitales del exterior y fomentar el desarrollo económico nacional.
La iniciativa forma parte de la reforma migratoria impulsada por el presidente Javier Milei, que ya había sido anticipada en mayo con el Decreto 366/2025. En aquella oportunidad, se introdujo la figura del “ciudadano por inversión”, aunque sin una reglamentación específica.
Ahora, con el nuevo decreto, se establece un marco legal claro para que extranjeros puedan acceder a la nacionalidad argentina sin necesidad de haber residido previamente en el país, siempre que cumplan con ciertos requisitos económicos y de seguridad.
El procedimiento será gestionado por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Economía. Esta agencia será la encargada de recibir las solicitudes, evaluar si la inversión realizada califica como “relevante” y coordinar la intervención de otros organismos estatales.
Uno de los puntos más debatidos de la normativa es la definición de “inversión relevante”. El decreto establece que será el Ministerio de Economía quien determine los criterios específicos para calificar una inversión como significativa. Aunque aún no se han publicado los parámetros exactos, se espera que incluyan montos mínimos, sectores estratégicos (como energía, infraestructura, tecnología o agroindustria) y generación de empleo.
Controles de seguridad y evaluación estatal
Una vez presentada la solicitud ante la Agencia, si la inversión es considerada válida, se inicia un proceso de evaluación que incluye informes técnicos de diversos organismos estatales. Entre ellos se encuentran el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El objetivo de estos controles es garantizar que el otorgamiento de la ciudadanía no represente un riesgo para la seguridad nacional ni para los intereses estratégicos del Estado argentino. Si alguno de estos organismos desaconseja el otorgamiento, la Agencia podrá recomendar el rechazo de la solicitud.
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