Defensa de haber cumplido «siempre con todos los requisitos exigidos», de que no ha habido «ninguna irregularidad» en los accesos a sus distintas plazas en la Diputación de Valencia y hasta críticas por la «utilización política» de la Agencia Antifraude «para dañar la reputación». Es el resumen del comunicado enviado por José María Ángel, comisionado del Gobierno central en la reconstrucción de la dana, tras estar todo el día en el ojo del huracán ante las investigaciones por la presunta falsificación de su título universitario para poder entrar a uno de los puestos públicos en la corporación provincial.
En un escrito enviado pasadas las 20 horas, Ángel no solo rechaza a dimitir, verbo que no aparece en ningún momento en las tres páginas del comunicado, sino que defiende que no ha habido irreglaridad alguna en todo el proceso que le señala Antifraude, ni en el acceso a la función pública en 1983 ni en el de la plaza de ayudante técnico en 1986. «Siempre he cumplido con todos los requisitos exigidos», remarca al tiempo que amenaza con llevar a cabo acciones «administrativas y legales» para que la verdad «se abra camino».
Así, más allá de las condenas a la agencia que hoy dirige Eduardo Beut, el representante del Ejecutivo central en la reconstrucción tras la dana argumenta en tres puntos los focos puestos por parte de la investigación. En primer lugar, en el acceso a la función pública, de la que toma posesión en 1983, en una plaza que obtuvo por concurso-oposición y en las que no hay rastro en las bases de exigencia alguna de título universitario.
Más polémica hay en la segunda parte, en la promoción a «ayudante técnico de Archivos y Bibliotecas». Esta es actualmente un Grupo A2, para lo que se requiere ser diplomado o licenciado. No obstante, Ángel reseña que las convocatorias para este puesto de «técnico medio» se requería «además de pertenecer al Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, la superación de las pruebas selectivas y de formación que se establecieran”.
Resolución del BOP
«Como se puede comprobar, los únicos requisitos eran los relativos a la propiedad de la plaza que estaba ocupando desde 1983, presentar una memoria y superar un examen escrito. Un proceso que superé satisfactoriamente y que concluyó con mi nombramiento y toma de posesión el 11 abril de 1986», indica el dirigente socialista en el comunicado adjuntando la convocatoria. En esta resolución del BOP se puede leer: «Podrán tomar parte de las pruebas los funcionarios en propiedad de esta corporación que desempeñen plazas de técnicos auxiliares de archivo adscritos al Archivo Provincial de la misma y que fueron declaradas a extinguir por el pleno del 27 de diciembre de 1984».
Título incluido en el informe de Antifraude / Levante-EMV
Es decir, según esta explicación, Ángel no requería del título universitario para poder acceder a esta plaza, que actualmente dispone en propiedad y por la que el PP le ha acusado de beneficiarse de una falsedad documental para ello, con el consiguiente lucro. No obstante, entre sus explicaciones no detalla nada de la fotocopia del presunto título incorporado en su expediente en el que señala al comisionado como Diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de Valencia, pese a que esta institución no ofertaba la carrera hasta 1996
Tras estas explicaciones, el también presidente del PSPV manifiesta que resulta «del todo sorprendente el haber tenido conocimiento de la existencia de una supuesta investigación y expediente de la Agencia Antifraude a través de un medio de comunicación» y reprocha no «haber recibido ninguna notificación formal o informal ni mucho menos habérseme requerido en el que entiendo sería preceptivo trámite de audiencia en el curso de una investigación, cercenando de forma irreparable el principio de contradicción, mi derecho de defensa y por supuesto mi honorabilidad».
Suscríbete para seguir leyendo