Todo fue contratar a Equipo Económico y las empresas de gases industriales imputadas en el caso Montoro vieron cómo su horizonte se despejaba. Se reunieron con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desde la Agencia Tributaria se les pidió información sobre las instalaciones que se verían beneficiadas por la reforma del Impuesto Especial a la Electricidad y hasta el secretario de Estado se comprometió con ellas a ver «la forma de incluir a los gases industriales en la ley», según consta en uno de los correos del sumario del caso Montoro, al que ha tenido acceso El Periódico.
El 21 de abril de 2014 el director de Operaciones de Carburos Metálicos, José Luis Méndez, remitió un correo electrónico al director general de la compañía, el también imputado Francesco Maione, y otros cargos, en el que daba cuenta de la segunda reunión que había mantenido en el Ministerio de Hacienda, después de haberlo hecho unos días antes con el propio Montoro. En esta ocasión sus interlocutores habían sido el entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y su director de Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura.
Su relato del empresario es optimista. La Guardia Civil en un informe lo reproduce así: «El secretario de Estado habría mostrado interés en incluir el sector gasístico en la bonificación del impuesto eléctrico, e incluso les habría solicitado ayuda en la redacción de la modificación de la ley, indicando cómo el secretario de Estado les había comentado directamente que les ‘agradecerían’ su ‘ayuda en cuanto a la redacción de la modificación de la ley, o sea a la redacción del BOE’«.
Méndez explicaba en el correo las dudas que tenía el ministerio a la hora de «realizar una transposición completa de la Directiva Europea, por el temor a que ‘se abra una ventana por la que se puedan colar otros sectores’, pero que, no obstante, el secretario de Estado finalizó la reunión comunicándoles que ‘vería la forma de incluir a los gases industriales en la ley'».
Y así, tras contratar con Equipo Económico, después de haberlo hecho solo con Ernst & Young, sin éxito, las empresas de gases industriales lograron resultar beneficiadas con el Impuesto Especial a la Electricidad, lo que les supuso una rebaja fiscal del 85%, según cifra el juez en sus resoluciones. Con el objetivo de que «también a nivel de la Agencia Tributaria les vaya sonando» el «sector como potencial exento», acordaron informar a través de la asociación a Hacienda del beneficio que preveían.
«Contaminada por Catalunya»
La contratación de Equipo Económico continuó y volvió a ser imprescindible, según los investigadores, cuando se modificó el Impuesto de Actividades Económicas a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, la Guardia Civil considera «muy reveladora la postura de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) al respecto, reflejándose en el acta de la reunión del día 16 de octubre de 2017 de la Junta Directiva», señala en uno de sus informes.
«Se sigue el curso de la Ley de Presupuestos, cuya tramitación está en estos momentos contaminada por la situación en Catalunya. Eso no quita para tener la certeza de que el borrador incluye la modificación de las Notas Aclaratorias del IAE, y prueba de ello es que el subdirector de Impuestos Locales contactó telefónicamente con el secretario [de la asociación que agrupa a las empresas imputadas] para aclarar unas dudas que tenían en relación con la propuesta de redacción, que quedaron aclaradas», deja constancia AFGIM.
Los agentes hacen hincapié en que «en octubre de 2017 ya se tenía la certeza de que el borrador de la Ley de Presupuestos Generales incluiría la modificación perseguida», cuando el primer borrador no llega al Congreso hasta seis meses después, en abril de 2018. Pese a ello AFGIM «ya creía asegurado el medio para conseguir su propósito».
El otro punto destacado por los investigadores consiste en que lo manifestado refleja que se había creado un «canal directo de comunicación establecido entre AFGIM y el Ministerio de Hacienda en relación al traslado de la propuesta de redacción de los epígrafes y notas aclaratorias que se debían modificar», a través de la Subdirección General de Tributos Locales (dependiente de la Dirección General de Tributos), que había contactado con la asociación para «trasladarle la propuesta de redacción del texto y aclarar las dudas generadas al respecto».
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