El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha anunciado hoy un ambicioso plan para monitorizar la inclusión financiera en España, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). El objetivo: recabar datos detallados que permitan diseñar políticas públicas más eficaces y evaluar el acceso real de la ciudadanía a los servicios financieros.
Según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en rueda de prensa, el CIS se encargará de incluir desde septiembre preguntas específicas en su barómetro mensual para medir el acceso y la calidad percibida de los servicios bancarios. Además, se lanzará un módulo semestral con muestras ampliadas, destinado a servir de base para las reuniones periódicas que el Ministerio mantiene con patronales bancarias y asociaciones de consumidores.
Por su parte, el INE elaborará una nueva estadística estructural de carácter anual que ofrecerá una visión desglosada de la inclusión financiera en ámbitos rurales, entre personas mayores y ciudadanos con algún tipo de discapacidad. Esta herramienta estará operativa en 2026, con los primeros resultados previstos para 2027.
Cuerpo subrayó que esta nueva batería de indicadores permitirá incorporar futuras dimensiones a la agenda financiera, como la ciberseguridad y el fraude digital. De hecho, en las próximas reuniones con bancos y asociaciones de usuarios se discutirá cómo integrar estos aspectos, analizando también los desequilibrios en zonas urbanas donde ciertos barrios presentan acceso limitado a oficinas o cajeros.
Durante el encuentro también se abordó el avance del proyecto de ley para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuyo trámite parlamentario sigue adelante tras superar la enmienda a la totalidad. El ministro se comprometió a «darle un impulso adicional» con el fin de aprobar la norma antes de fin de año, recordando que la «demanda social» para proteger a los usuarios bancarios «es tan elevada que no podemos hacer otra cosa que responder a ella».
Por parte del sector, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, y el director general de CECA, Antonio Romero, pusieron en valor el «compromiso» de la banca con la inclusión y destacaron los progresos derivados de la colaboración público-privada.
Respecto a la posible extensión del Código de Buenas Prácticas hipotecario para clases medias, que expira a finales de 2025, Cuerpo abrió la puerta a una prórroga si se detecta necesidad, aunque tanto Kindelán como Romero consideraron que el escaso uso del mecanismo y la estabilización de los tipos no justifican su ampliación.
Kindelán aprovechó para reivindicar la capacidad de respuesta del sector durante el reciente «apagón» tecnológico, al asegurar que «no ha habido ninguna interrupción en los servicios bancarios».
Finalmente, la asociación de usuarios Asufin reclamó la creación de una mesa independiente para abordar el ciberfraude, con participación no solo de bancos, sino también de operadoras y grandes plataformas tecnológicas. Su presidenta, Patricia Suárez, advirtió que en la mayoría de los casos «el usuario es víctima de fraudes sofisticados» que suplantan los canales habituales de comunicación bancaria, y exigió un compromiso conjunto para que la devolución del dinero robado no recaiga casi exclusivamente en el consumidor.
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