El apagón del 28 de abril ha abierto la caja de Pandora sobre las debilidades del sistema eléctrico, ese sofisticado conjunto de infraestructuras y programas que conectan la generación de electricidad con el consumo. El origen del incidente, coinciden los informes del Gobierno, Red Eléctrica y de la patronal de Iberdrola, Endesa y EDP, Aeléc, se sitúa en unas oscilaciones de frecuencia que derivaron en un episodio de sobretensión que provocó una serie de desconexiones de centrales que culminó en el colapso del sistema. Pero más allá de las causas (y de quiénes fueron los responsables), el cero eléctrico ha aflorado una regulación anticuada, un exceso de confianza en el funcionamiento del conjunto y cierto desorden organizativo tras el enorme despliegue renovable de los últimos años.
Regulación anticuada
Es el elefante en la habitación de todos los informes: el ritmo de instalación de renovables no se ha acompasado de una regulación ‘adhoc’. Según explica el profesor agregado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del País Vasco e Investigador Principal del Grupo GISEL, Pablo Eguía, el enorme despliegue renovable y la reducción de demanda, que se sitúa en niveles de hace 20 años han provocado que los niveles de tensión en la red de transporte sean más altos. La propia Red Eléctrica revela en varios informes, data del año 2023 y 2024, que los episodios de sobretensiones «se ha visto agravados en los últimos años» debido a las citadas cuestiones. Pero la normativa, data de hace 25 años y «solo pide regular tensión a las plantas tradicionales (carbón, ciclos combinados o nucleares), de las cuales cada vez hay menos”, añade Eguía.
El propio operador del sistema (Red Eléctrica) pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2020 actualizar la normativa (procedimiento de control de tensión 7.4) para que las renovables pudieran controlar la tensión al constatar que no disponía “de herramientas suficientes para evitar que las tensiones en la red de transporte alcancen valores muy elevados”. Pero no fue hasta el 12 de junio cuando el regulador aprobó la actualización. “La pregunta es por qué lo saca ahora y no hace cuatro años”, lamenta el catedrático de Universidad de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, Antonio Gómez Expósito. La puesta en marcha de esta nueva norma no será inmediata, pues no se prevén que las primeras centrales renovables puedan empezar a controlar tensión hasta el primer trimestre del año que viene como muy pronto, según Red Eléctrica.
“La subida de tensiones es síntoma de una causa raíz que es una regulación parcialmente obsoleta, sobre todo en control de tensiones, y la posible falta de medios porque el foco se ha puesto tradicionalmente en la red de transporte”, explica. Entre la red de alta tensión (transporte) y la red de media y baja tensión (distribución) está lo que Gómez Expósito denomina subtransporte. “El subtransporte, regulatoriamente considerado como nivel de distribución, era antes mucho menos relevante para el sistema porque prácticamente toda la generación estaba en el transporte, pero hoy juega un papel fundamental porque casi toda la nueva generación renovable (plantas de menos de 50 megavatios) se conecta en subtransporte, pero esa red no tiene suficientes medios de control de tensión”, sostiene quien fuera consejero de Red Eléctrica entre 2018 y 2021.
A esto se añaden otras normas técnicas, como códigos de red y otros requisitos técnicos. Como ejemplo, Gómez Expósito cita una que establece que las centrales de más de 50 megavatios (MW) que están conectadas a la red de transporte, independientemente de que contribuyan a controlar tensión, tienen que aguantar 60 minutos sin desconectarse cuando hay un problema de sobretensión. En cambio, las que están conectadas a la red de subtransporte solo tienen que aguantar 1 segundo. “Es una diferencia brutal entre 1 segundo y 1 hora. Esta norma para mí también está obsoleta y además no tiene una justificación técnica racional”, afirma Gómez Expósito.
Exceso de confianza
El apagón también revela un exceso de confianza sobre el funcionamiento del sistema. El informe del Gobierno concluye que Red Eléctrica operó con una programación inferior a lo habitual y, al mismo tiempo, sostiene que las 9 centrales convencionales que debían controlar la tensión ese día no lo hicieron al cien por cien. “Si das una orden y no se cumple, hay que entender por qué. No creo que nadie haya actuado con mala fe. Pero es evidente que hubo un exceso de confianza en el funcionamiento del sistema”, afirma Antonio Turiel, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC).
Las empresas defienden que «cumplieron en tiempo y forma» las órdenes del operador del sistema y «actuaron conforme a lo establecido», pero lo cierto es que no se realiza una monitorización como tal que pueda descartar que en alguna otra ocasión se hayan producido ineficiencias. Además, en la operación del sistema eléctrico es bastante habitual que se funcione con premios y castigos porque se entiende que cumplir al cien por cien es difícil y lo que se pretende es que se cumpla lo más posible. Pero en el caso del control de tensión si bien hay recompensa (las centrales cobran por ello), no había hasta ahora ninguna penalización por no prestar este servicio. El nuevo procedimiento de control de tensión aprobado por la CNMC sí incluye sanciones a las centrales que no cumplan.
Además, una de las principales medidas aprobadas por el Ejecutivo para evitar un nuevo apagón ha sido ordenar a la CNMC elaborar un informe cada tres meses sobre el cumplimiento de las obligaciones de control de tensión por parte de todos los operadores eléctricos. Y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, afirmó en una entrevista en EL PERIÓDICO que la gran lección del incidente es que hay que “supervisar” mejor a las empresas que participan en el sistema eléctrico.
Maraña renovable
Por otra parte, el apagón también sacó a la luz el caos organizativo derivado de la instalación de centrales eólicas y fotovoltaicas. “El despliegue de la generación renovable vivido en España en los últimos 25 años ha favorecido la aparición de complejas estructuras de evacuación” que “en la mayoría de los casos” se conectan “a un único punto”, afirma el informe del Gobierno. De esta forma, se han desarrollado redes privadas “en forma de ‘árbol de Navidad’, de las que cuelgan en ocasiones varias decenas de plantas pertenecientes a distintos titulares”. Cada una de estas plantas puede, a su vez, estar adscrita a su propio centro de control, pero la parte común puede estar gestionada por varios generadores, «por una entidad sin personalidad jurídica (AIE) o incluso por un tercero”. Además, el titular de la infraestructura común “suele, a su vez, subcontratar a un tercero los servicios de operación y mantenimiento de los activos”.
Ese descontrol hace que Red Eléctrica no supiera en muchos casos con quién tenía que hablar y eso dificultó la posibilidad de recabar información. En algunas ocasiones, estas sociedades han reconocido “no tener capacidad para recabar” los datos solicitados, “requiriendo la contratación de terceros para estas tareas y dando largos plazos de respuesta”, relata el informe. Y de hecho, una de las cuestiones identificadas como relevantes durante el análisis es que “los generadores conectados ‘aguas abajo’ no siempre tienen visibilidad ni capacidad de gestión de las condiciones y operación de las infraestructuras de evacuación”.
“Quizás la incorporación de renovables se ha hecho un poco rápido y sin pensar a futuro. Se ha pensado en conectar y en que ya se mejoraría sobre la marcha, pero eso hace que en algún momento el problema pueda saltar a la cara”, afirma el profesor de Modelado y Análisis Regulatorio de Sistemas de Energía de la Universidad Pontificia de Comillas, José Luis Sancha. El Gobierno, de hecho, ha incluido en el real decreto ley ‘antiapagones’ la obligación a todas esas plantas de firmar un acuerdo entre todos los titulares en el que se recoja “el reparto de responsabilidades”, que en ningún caso podrá ser “otra persona física o jurídica”.
Falta de coordinación
El desorden llega también a los datos. El Gobierno reconoce en su informe que “pueden existir ligeras imprecisiones o divergencias en el orden de los eventos o el instante de tiempo concreto asignado a cada uno de ellos, achacables a distintas fuentes de datos (registros en local, telemedida del titular o el operador del sistema) que, además, en ocasiones, presenta diferencias en la configuración horaria”.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico relatan que en la remisión de información se dieron cuenta de que, igual que cuando se para el reloj de la cocina y no se cambia, había instalaciones con el horario desfasado desde hacía meses. Y por ello han pedido a Red Eléctrica que proponga qué tipo de normas debe haber para que todo el mundo mida todo de la misma manera, así, si hay que analizar algún evento de nuevo resulta mucho más sencillo.
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