Con el respaldo de la ONU y el aval de todos los partidos, Uruguay se encamina a crear un ministerio ideológico que amenaza con transformar la justicia en una herramienta de control político y cultural.
Este 25 de junio, el presidente de la República, Yamandú Orsi, ofreció otro vergonzoso discurso, balbuceante y redundante, en el cual reafirmó su compromiso con la creación del nuevo ministerio globalista.
Con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el auditorio del edificio anexo a la Torre Ejecutiva se realizó el seminario internacional Hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay.
La creación de la nueva secretaría de Estado no fue promovida solo por el Frente Amplio: todos los partidos de la Coalición Republicana propusieron la inauguración de una nueva capa de burocracia parasitaria al servicio de la Agenda 2030.
El Estado ya no cabe en Uruguay
Se trata de un terrible aumento del gasto público. Con esta incorporación, el tamaño del Estado será mayor, obligando a los uruguayos a sostener 15 ministerios. Una vez más y como es habitual, el costo de las innovaciones recae sobre los contribuyentes, quienes deberán financiar una nueva estructura política, administrativa y operativa exclusivamente globalista.
Con una población de apenas 3,4 millones de habitantes, actualmente Uruguay mantiene 14 ministerios y una estructura estatal que emplea a más de 297.000 funcionarios públicos. Se trata de una de las tasas más altas de América Latina: aproximadamente un funcionario por cada 11 personas, de los cuales alrededor de 75.853 trabajan directamente en las Secretarías de Estado.
La última secretaría de Estado creada fue el Ministerio de Ambiente, establecido el 9 de julio de 2020 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou mediante la Ley de Urgente Consideración N.° 19.889.
Su origen estuvo directamente vinculado con compromisos asumidos en campaña electoral ante la organización internacional Fridays for Future, fundada por la ambientalista terrorista y militante de Hamás, Greta Thunberg, para cumplir con las metas establecidas por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El disfraz perfecto para el control global
El verdadero peligro no es únicamente presupuestal o burocrático. Es, por sobre todo, político y cultural. Con la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se busca imponer desde el Estado una visión moral cerrada y transnacional, que no surge del debate ciudadano ni de la soberanía democrática.
Lejos de garantizar más justicia, este ministerio podría marcar el comienzo de una nueva forma de dominación institucionalizada, en la que los derechos y principios son definidos desde arriba, sin discusión plural ni vigilancia efectiva.
| Redacción
Se trata de un grave avance hacia la pérdida de soberanía nacional, a través de la integración directa de nuestras estructuras estatales al entramado burocrático global.
En lugar de mejorar la justicia, el nuevo ministerio consolida una arquitectura del poder que opera en función de intereses externos, no necesariamente coincidentes con la voluntad del pueblo uruguayo.
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El Ministerio de la Verdad llega a Uruguay
Como si se tratara de una escena extraída de la distopía orwelliana, el nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recuerda inquietantemente al Ministerio de la Verdad de la novela 1984 de George Orwell.
La creación de este ministerio implica la reinterpretación de la justicia desde el poder político, la supresión del disenso bajo un discurso moralizante y la consolidación de una única narrativa obligatoria.
No se trata de derechos humanos, sino de controlar el lenguaje y, por consiguiente, el pensamiento. Se trata de manipular definiciones, su aplicación y alcance, desplazando la soberanía nacional en favor de normativas impuestas desde organismos internacionales que nadie eligió.
La Justicia cercada por el Ejecutivo
Según lo establece la Constitución, el Poder Judicial debe ser un poder del Estado independiente. Pero si partimos de la base —observable— de que esa independencia está erosionada, la creación de este ministerio podría profundizar peligrosamente el desequilibrio institucional.
| Redacción
En este escenario, un ministerio con amplias atribuciones en materia de justicia y derechos humanos corre el riesgo de convertirse en una herramienta de injerencia política, bajo apariencia técnica o jurídica.
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Cárceles, género y reparación: todo bajo un mismo ministerio
El nuevo ministerio podría actuar como intermediario informal o canal de presión sobre jueces y fiscales, especialmente si se le asignan funciones administrativas o presupuestales sobre el sistema judicial.
Además, alineado con la agenda global, este ministerio tendría la capacidad de imponer una única visión oficial sobre cuestiones complejas como género, diversidad, infancia o reparación histórica.
Lejos de garantizar justicia, esta estructura amenaza con transformar el aparato estatal en un órgano de doctrina ideológica, donde los derechos individuales ya no serán defendidos sino administrados.
Y como si fuera poco, esta nueva maquinaria será financiada por los propios contribuyentes uruguayos, que pagarán para que el Estado les diga qué deben pensar, qué pueden decir y a quién deben obedecer.