El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sufrió el robo de su celular mientras se sacaba fotos con militantes durante un acto institucional en La Cocha, al sur de la provincia. El episodio insólito no solo dejó expuesto al mandatario, sino que encendió alertas por sus posibles vínculos con un escándalo mayor: el caso de Juan Bautista Alberdi, donde el intendente fue apartado por un audio en el que un empresario le atribuye el control total de la Policía, la droga y la violencia en el municipio.
El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, cuando Jaldo bajó de un escenario y comenzó a saludar a vecinos del departamento. Entre abrazos y pedidos de selfies, una mujer logró sustraerle el celular del bolsillo del saco. Recién al subir a la camioneta que lo aguardaba, el gobernador notó el faltante y dio aviso inmediato a su equipo de seguridad.
Rápidamente, la policía local junto con custodios del mandatario revisaron las imágenes captadas por un fotógrafo que cubría el evento. En una de las fotos, observaron a una mujer con el brazo extendido hacia el bolsillo del gobernador. Fue reconocida por dirigentes locales y ubicada a través de su domicilio en Los Pizarro, a unos siete kilómetros de La Cocha.
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La policía allanó su vivienda, recuperó el dispositivo robado y secuestró además una notebook y tres pendrives. La mujer fue detenida y trasladada a la comisaría de La Cocha. El celular fue reintegrado al gobernador cerca de una hora después del hecho.
La Fiscalía Penal de Instrucción, a cargo de Fabián Assad, convalidó la aprehensión y definirá en las próximas horas la fecha para la formulación de cargos. La causa tramita en el Centro Judicial de Concepción.
¿Un robo político?
“La arrestada no tendría antecedentes y podría ser puntera del oficialismo de Alberdi”, informó el diario La Gaceta en base a fuentes de la investigación. El dato, lejos de pasar desapercibido, reavivó la polémica en torno a un escándalo político que golpea desde hace días al gobierno tucumano.
Juan Bautista Alberdi, localidad ubicada a unos 20 kilómetros del lugar del robo, está sacudida por la filtración de un audio protagonizado por el ahora ex intendente Luis “Pato” Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez, en el que se alude al control del narcotráfico y la violencia en el municipio.
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“Acá el intendente soy yo, a la Policía la manejo yo, a la droga la manejo yo y todo manejo yo. Las muertes, todo lo manejo yo. Si necesitás un Al Capone pa’ gobernar. No necesitás un Lassie. Por eso no te respetan, Rey”, se escucha en la grabación.
El propio Campos reconoció ser una de las voces del audio, pero intentó relativizar su contenido: aseguró que se trata de un archivo viejo, grabado ilegalmente y que refiere a un conflicto personal. No obstante, la Justicia tomó cartas en el asunto.
El 12 de junio, Roque Cayetano “Chipi” Giménez fue detenido en un domicilio de San Miguel de Tucumán. La audiencia se celebró el sábado 14 y estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Regional del Centro Judicial de Concepción, dirigida por Mónica García de Targa.
Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Bernardo Sassi sostuvo que “se encuentran acreditados tanto la existencia de los audios como la participación del imputado en los mismos. Hay existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación”.
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El juez interviniente hizo lugar a todos los pedidos del Ministerio Público Fiscal: convalidó la aprehensión, formalizó los cargos contra Giménez, declaró la causa como “asunto complejo” y ordenó su prisión preventiva por seis meses.
Intervención y elecciones en Alberdi
Frente al escándalo, el gobernador Jaldo resolvió intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, apartó al intendente Campos y designó como interventor a Guillermo Norry, quien estaba al frente del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la provincia.
Además, el gobierno provincial convocó a elecciones municipales para el próximo 26 de octubre, con el objetivo de restituir el orden institucional. Mientras tanto, la investigación judicial sigue en curso y no se descarta que el robo del celular forme parte de una maniobra más amplia vinculada a la interna del oficialismo.
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