Facilitar la inclusión digital

La inclusión digital debe ser entendida desde el derecho que tienen todas las personas de acceder sin barreras de por medio a las plataformas electrónicas.

Pero habrá que admitir que los fenomenales progresos en materia informática no han sido del todo amigables con sectores de la población que presentan algunas dificultades para comprender determinadas aplicaciones de directa vinculación con gestiones de orden público, tanto en el nivel nacional, como provincial y municipal.

En concreto, los obstáculos tecnológicos actuales afectan los derechos consagrados de personas mayores y de personas con discapacidad. Hay jurisprudencia vigente en Argentina y en el mundo por la que se obliga a los estados a garantizar el acceso equitativo a la información y a las comunicaciones.

Por ello, es relevante la iniciativa presentada por la concejala Fabiana Gutiérrez (UCR) por la cual se establece el acceso digital integral a todas las plataformas, aplicaciones y servicios gestionados por la Municipalidad de Córdoba.

Días atrás informamos que la propuesta se encuentra en fase de análisis en el Concejo Deliberante y contiene advertencias y medidas importantes; como cuando enfatiza la necesidad de cumplir con principios fundamentales de igualdad en el uso de los sitios digitales del municipio, con particular atención en la discapacidad y en las personas mayores.

Se trata de simplificar las gestiones que se formalizan a través de la web en diferentes servicios –como el pago de tasas, entre otros– que no sólo en el sistema del Palacio 6 de Julio presentan diseños que no son todo lo amigables e intuitivos que debieran ser.

Si bien hay apps activadas de uso masivo, como “Tu Bondi”, por ejemplo, estas herramientas pueden ser adecuadas en bien de apuntar a que Córdoba sea una ciudad más inclusiva, como señala la autora del proyecto.

En términos generales, y ante una situación de desigualdades que excede los límites de Córdoba, hay que valorar las iniciativas que tienden a achicar la brecha no sólo digital sino también social, en un país donde se maltrata a las personas jubiladas y se recortan o se niegan beneficios a personas con discapacidad.

La digitalización del Estado, profundizada durante los años de la pandemia del Covid 19, multiplicó de manera exponencial el acceso a los servicios a través dispositivos electrónicos, aunque al mismo tiempo dejó como asignatura pendiente revertir los obstáculos que hoy operan como barreras.

Lectores de pantallas y lenguajes claros, con simbologías precisas que colaboren a examinar disponibilidades, como servicios públicos o pago de contribuciones, no demandan demasiada imaginación en términos de diseño para proveer un sistema digital al alcance de todos.

La brecha digital puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas mayores. Ya no sólo por no poder honrar vía web el pago de un impuesto, sino por la necesaria y saludable interacción social para vencer el aislamiento.

Incluir es la meta. Violar derechos de adultos y de personas discapacitadas es todo lo opuesto.