Minera Los Frailes (MLF) -sociedad participada de manera mayoritaria por el gigante del sector Grupo México y titular de los derechos mineros adjudicados en el concurso internacional de Aznalcóllar- lleva meses esperando el visto bueno definitivo para comenzar a operar en la mina de Aznalcóllar, donde finalmente volverá a ver trasiego de camiones y trabajadores a partir de verano, casi un año después de lo esperado.
Muchos han sido los acontecimientos sucedidos hasta llegar hasta aquí. Vaivenes judiciales, largas esperas y un debate social sobre la mesa: entre la seguridad ambiental por recuperar la actividad en la zona tras el varapalo que supuso el vertido -que provocó un daño medioambiental sin precedentes en Andalucía, puso en jaque a Doñana e hizo cambiar hasta la legislación europea- y la necesidad de generar empleos y riqueza en una zona eminentemente minera situada sobre «una joya»: la Franja Pirítica Ibérica.
La dilatación de los plazos administrativos de los diferentes permisos exigidos para que el yacimiento comenzara a operar -el último, la autorización del proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina- ha retrasado los planes de la compañía, que afrontará a principios de verano de 2025 la construcción de la nueva estación de tratamiento de agua, preadjudicada a Aqualia Industrial, con una inversión de 50 millones de euros.
Según los plazos barajados por la empresa, en la primera mitad de 2026, se activará una inversión de 150 millones de euros para la construcción de la planta de proceso, las labores subterráneas y otras infraestructuras asociadas al inicio de las operaciones, según han informado fuentes de la empresa. Serán estos los momentos más intensivos para el empleo, que incidirán de manera especial en la comarca. «El objetivo es completar el 100% de la inversión en 2027 para procesar en 2028 las primeras toneladas de mineral», han añadido.
Los tres años que abarcan la fase de construcción y operación representarán un periodo de intensa actividad en la zona. En total, el proyecto generará 1.200 empleos directos e indirectos y 800 inducidos, lo que abre nuevas oportunidades de desarrollo para la comarca. En torno al 20% de la inversión global se destinará a un plan de restauración integral de la antigua concesión minera, abandonada en 2001, que dará continuidad al Corredor Verde del Guadiamar.
Trámite ambiental
«El proyecto ha sido validado a través de un trámite ambiental en el que han participado técnicos cualificados de todas las administraciones implicadas (aguas, medio ambiente, minería, cultura, entre otras) y cuenta con mecanismos de control que garantizan, en todo momento, el cumplimiento de la normativa», ha señalado desde la compañía. De hecho, una de las cuestiones que más apremian es la construcción de una nueva planta depuradora que resuelva uno de los asuntos más controvertidos: la gestión del agua.
Este tema ha traído consigo gran oposición tanto de grupos ecologistas como de partidos políticos. Desde Minera Los Frailes defienden que están trabajando especialmente en este punto para cumplir con todos los requisitos legales exigidos para garantizar que no se produzca otro desastre como el acontecido cuando la explotación de la mina estaba en manos de la sueca Boliden. Hay que recordar que entonces se vertieron casi 7.500 millones de litros de lodos tóxicos y aguas ácidas cargadas de metales pesados que arrasaron los cauces del río Guadiamar y Agrio. En este sentido, la compañía ha hecho hincapié en que el proyecto ha sido sometido a información pública en tres ocasiones para atender todas las observaciones de las partes interesadas.
Minera Los Frailes será una mina de zinc, cobre y plomo y la extracción del mineral no se realizará a cielo abierto, como en el pasado, sino que se llevará a cabo completamente en el interior. Su planta de tratamiento será capaz de procesar 2,7 millones de toneladas de minerales cada año. El objetivo es obtener 170.000 toneladas de concentrado de zinc, 55.000 toneladas de plomo y 13.000 toneladas de cobre anualmente.