La serie de incendios registrados en edificios y en viviendas de la ciudad de Córdoba durante los últimos tiempos imponía que las autoridades municipales se pusieran a discutir la cuestión en busca de soluciones.
Es urgente porque en un episodio de estas características pueden perder la vida varias personas, como sucedió el 18 de febrero pasado en una pensión de barrio San Martín, a menos de 25 cuadras del Centro.
Una rápida lista de casos recientes incluye un departamento de la Torre Ángela, una vivienda en barrio Alberdi, un conjunto de casas en barrio Talleres Oeste. Según la fundación Relevando Peligros, los siniestros de este tipo crecieron de manera significativa durante 2024 en Córdoba: hubo 51% más que en 2023. Se computaron 67 en total, con 19 víctimas fatales.
El peligro latente de incendios domiciliarios fue soslayado por administraciones anteriores y esa indiferencia es un problema en sí misma, dado que implicó una pérdida de tiempo crucial para iniciar un proceso de modificaciones que probablemente será largo y costoso.
La noticia relevante es que la Municipalidad de Córdoba convocó a seis colegios profesionales, a la Cámara de la Propiedad Horizontal y a la División Bomberos de la Policía para conformar una mesa de trabajo conjunta, cuyo objetivo es buscar alternativas para adecuar los edificios de la ciudad capital a los estándares actuales de protección contra incendios.
No se trata de una tarea simple y los integrantes de la mesa son conscientes de las dificultades. En primer lugar, es necesario un marco regulatorio adecuado, el cual deberá ser debatido y aprobado en el Concejo Deliberante, de modo que exigirá voluntad política y convicción ciudadana. En segundo lugar, será imprescindible el compromiso de administradores, propietarios e inquilinos para asumir la responsabilidad de promover y aceptar los cambios en beneficio de la seguridad de todos. Y por último, una vez diseñado el marco regulatorio, el debido control por parte de las autoridades para que las normas no se transformen en letra muerta.
Hay que considerar, en ese sentido, que un primer estudio de la mesa de trabajo planteó que muchos edificios construidos antes de 2007 no cumplen con las normativas actuales de seguridad contra incendios. En aquel momento, una ordenanza de la Municipalidad de Córdoba remitió a la Ley Nacional de Seguridad e Higiene, y por intermedio de la Dirección de Bomberos, empezó a exigir que las nuevas construcciones tuvieran un certificado final de protección contra incendios.
Los dos grandes desafíos, entonces, son mejorar las condiciones de seguridad de los edificios antiguos, muchos de los cuales no tienen posibilidades materiales de adoptar las nuevas normativas, y abordar con decisión las construcciones ilegales, algo que aún no está en carpeta.
En un editorial anterior sobre el tema, señalábamos que la “prevención de incendios es una responsabilidad compartida entre ciudadanía y autoridades. Sólo a través de la concientización, la educación y el cumplimiento estricto de las normativas podremos reducir la incidencia de estos trágicos eventos en nuestra comunidad”. Una advertencia clara.