El comentadísimo y muy esperado informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Muface arroja aspectos muy interesantes. Hallazgos, como los llama el organismo, que acaban aconsejando que, para que el sistema sea sostenible, los funcionarios pasen, de forma gradual, y en medio plazo, a la sanidad pública. El estudio pone el foco en un asunto clave y revela importantes diferencias entre las modalidades pública y privada, especialmente en el sector farmacéutico.
Así, se explica, se analiza el coste diferencial entre los precios facturados a las mutualidades y los costes de adquisición de los servicios públicos de salud para las diez especialidades más dispensadas en 2023, que representan el 54 % de los envases dispensados. El análisis se centra en comparar el coste asumido por las mutualidades y los costes de adquisición de los servicios públicos de salud.
Los hospitales
Las dispensaciones de farmacia hospitalaria a paciente externo, cuando se trata de un mutualista de opción privada, son facturadas directamente por los hospitales a las mutualidades, y normativamente tienen marcado como máximo de facturación el precio industrial máximo (PVL). Esto implica que las mutualidades no compran directamente al laboratorio, a diferencia de lo que ocurre en los servicios públicos de salud, «por lo que no se benefician de reducciones de precios en la negociación directa con el proveedor farmacéutico».
Los resultados «evidencian un patrón consistente de diferencias» en los costes de facturación entre el sistema público y privado, indica el estudio, lo que plantea «importantes consideraciones en términos de eficiencia sobre la aplicación efectiva de estas condiciones normativas en la práctica».
Se señala que se ha detectado que los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos hospitalarios dispensados a paciente externo «a precios más elevados» que el de adquisición de los servicios públicos de salud, y llegan en algunos casos a «sextuplicar el coste». Además, se observan disparidades en la utilización de medicamentos genéricos (40% en la modalidad pública frente al 32 % en la privada) y biosimilares, con diferencias de hasta 23 puntos porcentuales en algunas moléculas en favor de la pública.
Tratamientos oncológicos
Los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) muestran un mayor nivel de penetración en el contexto privado, diferencia que se ha ido ampliando a lo largo del tiempo, se abunda. Este patrón podría indicar que la modalidad privada proporciona «un acceso más rápido a tratamientos eficaces» para pacientes que requieren prevención o tratamiento de condiciones trombóticas.
La información desvelada por el diario ABC sobre la denegación de tratamientos oncológicos por parte de la empresa Atrys-Bienzobas es un asunto que «preocupa seriamente» a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y al colectivo de facultativos que ejercen la especialidad en nuestro país.
Así lo afirmaba la pasada semana en un comunicado en el que, además, SEOM admitía que percibe «una falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada de pacientes con compañías aseguradoras sometidos a valoración por asesores oncológicos externos».
Otro aspecto que se subraya en el informe de la AIReF es la «escasa implantación de la receta electrónica en el mutualismo de opción privada, que restringe las capacidades de implementar estrategias para la mejora de la calidad de la prescripción». Entre las propuestas del organismo en este apartado, están la «optimización de los mecanismos de adquisición de medicamentos hospitalarios a paciente externo para mutualistas alineándolos con los precios efectivos del SNS», la implementación de un programa integral para el fomento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares y la aceleración de la implantación de la receta electrónica y desarrollo de herramientas digitales.