La inseguridad en Argentina es un problema que ha ido en aumento en los últimos años, transformando nuestras costumbres y calidad de vida. Si bien el delito siempre ha existido, la magnitud y la impunidad con la que se cometen ciertos crímenes han generado una sensación de vulnerabilidad constante en la sociedad.
Este fenómeno no puede explicarse solo desde la falta de control o la ausencia de represión, sino que responde a causas estructurales más profundas.
Entre alguno de los factores que alimentan la inseguridad, encontramos:
- La corrupción estructural: cuando quienes deberían velar por el bienestar común se enriquecen ilícitamente sin consecuencias, se envía un mensaje peligroso a la sociedad. La impunidad de la corrupción genera un efecto contagio, donde la ilegalidad se percibe como un medio legítimo de ascenso económico.
- El deterioro de la educación y los valores familiares: la formación que se recibe en la infancia es determinante para la integración social. La falta de acceso a una educación de calidad y la crisis de valores dentro del núcleo familiar generan un vacío que puede ser llenado por la delincuencia y la violencia.
- El asistencialismo sin incentivo al trabajo: si bien los planes sociales son una herramienta clave para paliar la pobreza extrema, cuando no están acompañados de políticas que fomenten el empleo formal, pueden generar dependencia y desincentivar la cultura del esfuerzo. En muchos casos, esto se traduce en actividades informales o delictivas como alternativa económica.
- La pobreza: con un 38% de la población en situación de pobreza y un 8% en la indigencia, las personas que no encuentran los medios para satisfacer sus necesidades básicas a través del trabajo formal, viven en una realidad de exclusión en algunos casos, las lleva a la delincuencia.
Las consecuencias de la inseguridad no solo afectan a quienes son víctimas de delitos, sino a toda la sociedad. El miedo y la sensación de desprotección limitan el desarrollo personal, afectan el crecimiento económico y reducen las inversiones, generando un círculo vicioso donde la falta de oportunidades refuerza la criminalidad.
Tomando como referencia los hechos de homicidios dolosos (los cometidos con intención de matar a alguien), según el informe que realiza la Dirección Nacional de Estadística Criminal, Argentina tiene una tasa de 3,8 por cada 100.000 habitantes.
En homicidios dolosos, Argentina tiene una tasa de 3,8 por cada 100.000 habitantes
Se observa una disminución de la tasa de aproximadamente un 13% respecto a 2023 (según los datos provisorios de 2024). Si bien es algo positivo la disminución, no es suficiente para que el argentino viva en tranquilidad.
En Santa Fe, por ejemplo en 2023, la tasa de homicidios dolosos fue de 11 por cada 100.000 habitantes siendo la mas alta del país. Seguido por Chaco (5), Buenos Aires y Tucumán (4,6). Las victimas de las tres provincias suman un total de 1469, de las 2046 en 2023.
Santa Fe tiene la tasa de homicidios dolosos más alta del país
Estar seguro en la Argentina cuesta hasta $476.555 mensuales
La inseguridad no solo es un problema social, sino que también tiene un impacto directo en la economía de las familias. Cuando el Estado no garantiza condiciones adecuadas de seguridad, los ciudadanos deben asumir ese costo a nivel individual, destinando parte de sus ingresos a medidas de protección privada.
Cuanto mayor es el riesgo de delito, mayor es el gasto en prevención: contratación de seguridad privada, instalación de alarmas, seguros contra robos y cambios en hábitos de consumo para evitar situaciones de vulnerabilidad.
De esta manera, la inseguridad se convierte en un factor que afecta la microeconomía familiar, desplazando recursos que podrían destinarse a mejorar la calidad de vida hacia la protección de bienes y personas.
La inseguridad se convierte en un factor que afecta la microeconomía familiar
Una familia que contrata seguridad privada y asegura sus bienes puede llegar a gastar hasta $476.555 mensuales. Es importante destacar que los gastos realizados por única vez, como la compra de sistemas de seguridad o instalación de alarmas, se han mensualizado considerando un financiamiento en 12 cuotas con un CFT del 70 por ciento.
Con un sueldo promedio de los trabajadores en Argentina de $1.202.928, esta cifra representa aproximadamente el 40% del salario mensual. Esto pone en evidencia lo elevado que es el costo de mantener la seguridad en un entorno cada vez más inseguro, convirtiéndose en un gasto considerable para muchas familias que, además de preocuparse por su bienestar, deben destinar una parte importante de sus ingresos a mantener su tranquilidad.
La población carcelaria, en aumento
Respecto a las personas privadas de libertad en Argentina, se refleja una tendencia creciente que se ha mantenido en las últimas décadas. Al 31 de diciembre de 2023, había 111.967 detenidos en establecimientos penitenciarios, lo que representa una tasa de 240 cada 100.000 habitantes. Si a esto sumamos las 13.074 personas alojadas en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad, el número asciende a 125.041, elevando la tasa a 268 cada 100.000 habitantes.
En cuanto a la población penitenciaria, en Argentina hay tendencia creciente
A pesar de este incremento, la Argentina sigue lejos de los niveles de encarcelamiento de países como Estados Unidos (531 cada 100.000 habitantes), pero también por encima de naciones con tasas bajas, como Japón (33 cada 100.000 habitantes). La tendencia al crecimiento de la población penitenciaria ha sido constante desde los años 90, con algunos períodos de estabilidad o descenso temporario, como en 2006-2007 y 2020. Sin embargo, los últimos años han registrado picos significativos, con un aumento del 6,6% en 2023, un 89% respecto a 2010 y un 142% en comparación con 2002.
Más allá de las cifras, es importante analizar el perfil de la población carcelaria. La gran mayoría son varones (96%), de nacionalidad argentina (94%), con bajo nivel educativo (60% con estudios primarios o menos) y jóvenes (54% menores de 35 años).
A pesar de que los datos definitivos para el 2024 aún no están confirmados, la realidad es que los hechos delictivos siguen una tendencia creciente. El caso de los homicidios dolosos es solo una de las manifestaciones más graves de una problemática mucho más amplia. Cada vez más personas pueden contar cómo han sido víctimas de robos, y la inseguridad se siente en cada rincón de las ciudades.
Con la carga impositiva que los argentinos deben soportar, sería lo mínimo que se les garantice al menos la tranquilidad de poder transitar por la calle sin temor. Desde el Gobierno se asegura que se están tomando medidas, pero la realidad es que muchas ciudades continúan siendo «zonas liberadas» para quienes cometen hechos delictivos, lo que agrava aún más la situación.
El camino hacia una solución pasa por abordar no solo la mejora de la organización policial, dotar a las fuerzas de más recursos tecnológicos y dictar leyes más firmes, sino también por contar con dirigentes probos y comprometidos, que nos transmitan valores nobles y patriotas. La recuperación de la cultura del trabajo es esencial, y para ello se debe facilitar la inversión, la cual es la verdadera creadora de empleo y producción.