Si esta semana el gobierno español hubiera decidido vender de golpe sus participaciones en la Bolsa, habría obtenido una liquidez inmediata de 36.000 millones de euros. Una cifra que representa 2,5 veces más el presupuesto del Estado destinado a construir infraestructuras y que solo es 4.000 millones menos que los intereses de la deuda soberana que se pagó en 2024. También representa algo menos de la mitad de la deuda de las comunidades autónomas que ha prometido condonar.
A las nueve empresas cotizadas en las que ya participa, se le puede unir la entrada en el capital de Talgo, cuyo valor en Bolsa es de 500 millones. El fabricante de trenes está en pleno proceso de reestructuración accionarial. El grupo industrial vasco Sidenor, junto al Instituto Vasco de Finanzas y las fundaciones bancarias de la BBK y Vital acaban de firmar un acuerdo para adquirir el 29,8% que está en manos del fondo Trilantic. Por Talgo se han interesado también empresas checas, húngaras, polacas e indias.
La política del Gobierno ha dado un giro de 180 grados en el último año, reafirmado por la compra del 10% del capital de Telefónica y el nombramiento de Marc Murtra, ex presidente de Indra, como primer ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones.
En su comparecencia ante el Senado, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió ayer la “necesidad de protección frente a medidas proteccionistas que vienen del extranjero.”El objetivo es garantizar la “seguridad económica” de España en sectores estratégicos inmersos en plena transformación tecnológica. Energía, defensa, telecomunicaciones e infraestructuras son los principales ejes. La entrada del grupo STC, propiedad del Reino de Arabia Saudí, con su intención, ya ejecutada, de comprar el 9,9% de Telefónica fue la primera señal de aviso.
Entre las participaciones principales de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) en las empresas cotizadas se distinguen las mayoritarias no cotizadas, que suman catorce (siendo Correos, Navantia, Tragsa, Mercasa y Hunosa las más relevantes) y las diez minoritarias entre cotizadas y no cotizadas. Entre ellas, la participación en el consorcio internacional Airbus, donde participan otros países, y en el grupo de aerolíneas, IAG, donde su capital procede de su participación en la antigua Iberia.
Entre las no cotizadas están Enresa, Epicom (antiguamente parte de Duro Felguera) e Hispasat. El Gobierno ha liderado también los canjes de cromos entre sus participadas, al propiciar que Redeia vendiera a Indra el 89,68% de Hispasat por 725 millones. La Sepi mantiene directamente el 7,41% del fabricante de satélites, antiguamente propiedad de Abertis.
Sin embargo, no es la Sepi quien controla las participaciones más valoradas entre las cotizadas. El 51% que Enaire tiene en Aena coloca a la gestora de aeropuertos como el valor más caro de las empresas participadas, a quien le sigue Caixabank, donde el 17,8% está en en manos del FROB. La presencia en Caixabank procede de Bankia, la entidad primero rescatada por el Gobierno y luego adquirida por Caixabank. El primer accionista de ésta sigue siendo la Fundación Caixa a través de Criteria, con un 32%.
Tanto Aena como Caixabank son las dos sociedades que más dividendos reparten al Estado. Sumados, representan 1.137 millones, el 75% sobre los dividendos brutos repartidos por esas empresas en 2024 y que, como en el caso de Telefónica, no se percibieron en su totalidad al entrar en el capital a lo largo del año.
¿Aumentará la cartera de cotizadas del Gobierno? Sí. Aunque Talgo puede acabar siendo una pieza menor, la opción que fuentes del mercado ven más factible y más se adecua a la estrategia del Gobierno tiene un nombre:la energética Naturgy, que sigue en medio de una estructuración accionarial.