Tensiones en la frontera: Bolivia cuestiona la instalación del cerco en Salta
El cerco de 200 metros pretende reducir el contrabando y reforzar los controles sobre la movilidad de personas entre Argentina y Bolivia
27/01/2025 – 10:58hs
La Cancillería de Bolivia expresó su preocupación por el anuncio del gobierno de Salta, en coordinación con la Nación, sobre la instalación de un cerco de 200 metros en la frontera con Argentina. El objetivo de esta medida es frenar el contrabando y mejorar los controles en la circulación de personas entre ambos países.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un comunicado en el que informó que solicitará «a través de los canales diplomáticos la información pertinente sobre este tema para tomar las acciones necesarias». Además, reiteró que «Bolivia seguirá respaldando el diálogo constructivo como el camino para resolver los asuntos de interés común».
El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, expresó que esta medida «contravendría los tratados internacionales» y demandó que «tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos deberían intervenir en estas decisiones«. Además, agregó: «Esperamos que esto sea solo un anuncio y no se materialice. Ojalá el presidente Javier Milei pueda reflexionar al respecto».
Los detalles del cerco de Aguas Blancas: de qué se trata la nueva medida
El cerco de alambre de 200 metros se instalará en la localidad de Aguas Blancas, en Salta, desde la terminal de micros hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas, para tratar de evitar el paso ilegal de personas y el contrabando. La medida es parte del Plan Güemes del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, con el objetivo de intensificar los controles en las fronteras del norte.
El alambrado se colocará dentro del murallón preventivo utilizado cuando el río Bermejo crece, con la intención de asegurar que quienes crucen la frontera lo hagan de manera legal y bajo los controles establecidos. La provincia de Salta financiará la obra, con la supervisión del gobierno nacional.
La puesta en marcha del plan contempla el despliegue de 310 efectivos de fuerzas federales y un refuerzo en áreas críticas como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la «Ruta de la Droga».
El objetivo es desarticular redes criminales y formalizar las actividades laborales informales en la región. Además, se prevé una colaboración interinstitucional entre autoridades provinciales y federales, con estrategias conjuntas para la investigación y prevención del delito.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia manifestó su postura, indicando que «los asuntos fronterizos deben abordarse mediante mecanismos de diálogo bilateral establecidos entre los países para encontrar soluciones coordinadas. Cualquier medida unilateral podría afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos».